La entrada en vigor en próximo 1 de julio de 2015, de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal español, supone la reforma más profunda efectuada en el mismo desde su aprobación por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal.
Con ella se modifican 252 de sus artículos, y se suprimen 32 de ellos.
Una de las mayores enmiendas, ha sido la mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas -responsabilidad introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio-, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del “debido control” que de obligado cumplimiento es exigido para con las mismas sociedades mercantiles.
Al efecto, quedará modificado el artículo 31 del Código Penal, artículo 31 bis del mismo cuerpo legal, e introducido el artículo 31 ter, artículo 31 quater y artículo 31 quinquies en el citado texto normativo.
Tal como queda dispuesto en el vigente Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), así como para con la nueva redacción del mismo, (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo), la persona jurídica (representada en las personas físicas que componen los consejos de administración), será penalmente responsable, de los delitos cometidos por sus administradores o representantes legales, por aquellos que quedan autorizados para la toma de decisiones en nombre de la misma, así como por sus empleados -sujetos dependientes de la autoridad- (todos ellos en su beneficio directo o indirecto).
Con base en ello, las principales novedades introducidas por la señalada Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, quedan sucintamente materializadas, del siguiente modo:
Se extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles de carácter estatal, que ejecuten políticas públicas.
Para el caso de delitos cometidos por sujetos dependientes, esto es empleados, la persona jurídica quedará criminalmente responsable, única y exclusivamente, para cuando el incumplimiento de los deberes de vigilancia supervisión y control de ésta última sobre los mismos (empleados) hubiere sido “grave”. Calificación que quedará al prudente arbitrio del Órgano Judicial sentenciador, atendidas las concretas circunstancias del caso.
Como causa de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se exige para con las mismas, la adopción y ejecución de un programa de prevención de delitos. Imponiéndose al efecto, lo que frecuentemente se denomina, Corporate Defense, (figura tradicional en las sociedades mercantiles anglosajonas), para el caso, Compliance Penal, y como sujeto responsable del adecuado cumplimiento normativo del mismo, el calificado compliance officer.
¿Qué es el Modelo de Prevención de Delitos? Como ha sido indicado, la reforma del Código Penal avala la atenuación y/o eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas), siempre y cuando éstas, antes de la comisión del delito, hubieren adoptado eficazmente un Modelo de Prevención de Delitos (compliance penal), esto es, un modelo organizativo y de gestión, adecuado al objeto de advertir la comisión de delitos o la reducción de forma significativa, de la comisión de los mismos.
De conformidad con la nueva redacción del Código Penal, los señalados Compliance Penal, objeto de atención y cumplimiento por parte de las sociedades mercantiles, deberán reunir las subsiguientes características:
Para el caso de la comisión de delitos por parte de sujetos dependientes, esto es, empleados;
A). Deberán identificarse las actividades de riesgo.
B). Se establecerán procedimientos para la adopción y ejecución de decisiones en relación a dichos modelos de prevención.
C). Se dispondrán los recursos económico-financieros que fueren adecuados.
D). Se incluirá un sistema de denuncias interno.
E). Se establecerá un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
F). Se realizarán verificaciones y adaptaciones periódicas.
A las anteriores exigencias, se adiciona la obligación de designar un órgano, individual o colegiado (Compliance Officer), encargado de la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención.
Para el caso de la comisión de delitos por parte de los representantes legales y/o administradores de la persona jurídica, así como por aquellos que quedan autorizados para la toma de decisiones en nombre de la misma, la aplicación de la exención de la responsabilidad penal, requerirá, asimismo;
A). Que los autores individuales hubieren cometido la infracción penal, eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y prevención.
B). Que no se hubiere producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de previsión, vigilancia y control, por parte del órgano de supervisión (Compliance officer).
C). Que la función de control del modelo de prevención de delitos, hubiere quedado atribuida a un órgano de la entidad mercantil con poderes autónomos de iniciativa y control.
¿Y en caso de incumplimiento incompleto del Compliance Penal? La reforma del Código Penal, prevé que en determinado caso, ello sea valorado como atenuante de la pena.
* Ana Montañés Berbel, abogada en Pedrós Abogados.
