PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL ( PARTE I ).

El pasado 6 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la “Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”, en el presente artículo nos centraremos en destacar algunas de las principales novedades que presenta la reforma legislativa.

Prescripción de las acciones personales (Modificación del art. 1.964 del Código Civil).

Se acorta el plazo de prescripción de acciones personales que no tengan establecido un plazo de prescripción específico. El plazo para ejercerlas se reduce de quince a cinco años.

También se añade una nueva mención en el citado artículo 1.964 del Código Civil, al señalar que “en las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan”.

El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil, el cual establece que:

“La prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo.”

Dada la ambigüedad del citado precepto, y a falta de que jurisprudencialmente se determinen las reglas, entendemos que el régimen transitorio será el siguiente:

-       Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: prescritas.

-       Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el plazo de 15 años previsto en la anterior redacción del artículo 1964 del CC.

-       Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: se les aplica la regla transitoria de la Ley 42/2015, que se remite al artículo 1939 del CC, con lo que prescribirían en todo caso, el 7 de octubre de 2020.

-       Relaciones jurídicas nacidas a partir del 7 de octubre de 2015; prescriben a los 5 años.

Por lo expuesto, toda relación jurídica que no tengan señalado un término especial de prescripción y que haya nacido antes del 7 de octubre de 2015, tendrá como fecha límite de prescripción el 7 de octubre de 2020, a salvo obviamente de que siguen operativos los mecanismos de interrupción de la prescripción, previstos en el artículo 1.973 del Código Civil.

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL ( PARTE II ).

Juicio Verbal:

Se introduce la contestación escrita de la demanda, lo que se traduce en que el demandante irá a juicio conociendo los motivos de oposición del demandado. De esta forma, se posibilitará que las partes puedan acudir a la vista con los medios de prueba precisos, evitándose la citación de testigos y peritos innecesarios.

El plazo conferido al demandado para contestar a la demanda por escrito será de diez días, ahora bien, si el demandado no compareciere en el plazo otorgado será declarado en rebeldía y se continuará con la sustentación del proceso.

En los casos en que sea posible actuar sin abogado ni procurador, se indicará así en el decreto de admisión y se comunicará al demandado que están a su disposición en el juzgado unos impresos normalizados que puede emplear para la contestación a la demanda.

Por otro lado, se establece un nuevo régimen de recursos más garantista frente decisiones que admitan o denieguen la práctica de pruebas. Contra las resoluciones del tribunal sobre admisión o inadmisión de pruebas sólo cabrá recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto, y si se desestimare, la parte podrá formular protesta a efecto de hacer valer sus derechos en la segunda instancia.

Finalmente, las partes podrán pedir que se resuelva el pleito sin necesidad de celebrar la vista, por lo que los autos podrán darse por conclusos si el Tribunal acepta la solicitud.

El demandado, en su escrito de contestación, deberá pronunciarse, necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de la vista.

Igualmente, el demandante deberá pronunciarse sobre ello, en el plazo de tres días desde el traslado del escrito de contestación. Si ninguna de las partes la solicitase y el tribunal no considerase procedente su celebración, dictará sentencia sin más trámites.

En todo caso, bastará con que una de las partes lo solicite para que el secretario judicial señale día y hora para su celebración, dentro de los cinco días siguientes. No obstante, en cualquier momento posterior, previo a la celebración de la vista, cualquiera de las partes podrá apartarse de su solicitud por considerar que la discrepancia afecta a cuestión o cuestiones meramente jurídicas. En este caso se dará traslado a la otra parte por el plazo de tres días y, transcurridos los cuales, si no se hubieren formulado alegaciones o manifestado oposición, quedarán los autos conclusos para dictar sentencia si el tribunal así lo considera.

Otra de las novedades del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil es la introducción de la posibilidad de acordar en el juicio verbal un trámite de conclusiones, que permitirá a ambas partes hacer sus alegaciones al término de la vista. 

Los juicios verbales que estuvieran en trámite al tiempo de la entrada en vigor de la presente Ley (antes del 7 de octubre de 2015) se continuarán sustanciando, conforme a la legislación procesal anterior.

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL ( PARTE III ).

Procuradores y comunicaciones electrónicas:

La reforma asigna a los procuradores, un papel dinamizador de las relaciones entre las partes, sus abogados y las oficinas judiciales, corresponde a estos profesionales la realización de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y buen desarrollo del proceso.

Como novedad destacable, se atribuye a los procuradores la capacidad de certificación para realizar todos los actos de comunicación, lo que les permitirá su práctica con el mismo alcance y efectos que los realizados por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial y, con ello, se les exime de la necesidad de verse asistidos por testigos, lo que redundará en la agilización del procedimiento.

-       Apoderamiento del procurador:

El poder en que la parte otorgue su representación al procurador habrá de estar autorizado por notario o ser conferido apud acta por comparecencia personal ante el secretario judicial de cualquier oficina judicial o por comparecencia electrónica en la correspondiente sede judicial.

La copia electrónica del poder notarial de representación, informática o digitalizada, se acompañará al primer escrito que el procurador presente.

El otorgamiento apud acta por comparecencia personal o electrónica deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador.

Este apoderamiento podrá igualmente acreditarse mediante la certificación de su inscripción en el archivo electrónico de apoderamientos apud acta de las oficinas judiciales.

-       Comunicaciones electrónicas:

A partir del próximo 1 de enero de 2016 todos los órganos judiciales y profesionales de justicia estarán obligados a emplear sistemas telemáticos para presentar escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal. Se prevé que la comunicación electrónica sea el medio habitual de actuar en la Administración de Justicia.

A partir del mes de enero de 2016, la presentación de escritos y documentos por medios telemáticos, podrá efectuarse los 365 días del año las 24h. del día.

Como novedad, los jueces podrán utilizar los datos de número de teléfono y correo electrónico para localizar a los demandados, así como se podrá comunicar mediante SMS al teléfono móvil de la persona interesada que se le ha de practicar una notificación.

A partir del 1 de enero de 2017, los órganos de la administración de justicia podrán realizar los actos de comunicación en la dirección electrónica (correo-e) habilitada por el destinatario o por medio de otro sistema telemático.

También incluye nuevos medios para el otorgamiento de apoderamiento apud acta mediante comparecencia electrónica.

Os adjuntamos el enlace de la entrevista que le hicieron en Onda Cero a nuestro letrado Alberto Aznar sobre las cláusulas suelo:

http://www.ivoox.com/03-11-entevista-onda-cero-valencia-audios-mp3_rf_9272841_1.html

Europa, el Tribunal Supremo español y las cláusulas abusivas en hipotecas: es la justicia, estúpido.

Las cláusulas suelo, como sabemos, son aquellas condiciones que se introducen en préstamos hipotecarios por las que, independientemente de que el tipo de interés –generalmente el Euríbor-, baje más allá de un límite, el hipotecado siempre paga ese mínimo. El problema es, como han reconocido miles y miles de sentencias en nuestro país, que ha sido práctica habitual de las entidades bancarias españolas el introducir esas cláusulas en las hipotecas sin que los ciudadanos tuvieran la menor idea de su existencia, significado ni efectos.

En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 vino a sentar un incomprensible e injustificado precedente jurídico al afirmar que, pese a que las cláusulas suelo eran nulas por haber sido introducidas con falta de transparencia y sin conocimiento de los consumidores hipotecados en supuestos donde los tribunales declararon que hubo mala praxis y negligencia bancaria, no procedía aplicar el efecto retroactivo que la ley (el art. 1.303 del Código Civil) otorga a la nulidad sino, únicamente, devolver a los hipotecados lo indebidamente cobrado de más por el banco sólo y exclusivamente desde sentencia de 9 de mayo de 2013.

La razón única por la que el Tribunal Supremo modificó su criterio de siempre declarando el efecto irretroactivo de la nulidad es el posible “perjuicio al orden público económico” que podía producirse si las entidades bancarias, pese a haber introducido dichas cláusulas con mala praxis y negligencia, tenían que devolver a sus clientes hipotecados lo indebidamente cobrado en exceso.

Así, resulta cuanto menos chocante la alusión que el Tribunal Supremo hace al posible grave perjuicio al orden público económico digamos, bancario; pero sin preocuparse y dejando en situación de desamparo al orden público económico, digamos, de los consumidores y las familias. El desamparo y falta de protección que nuestro Tribunal Supremo muestra por las decenas de miles de contratantes de hipotecas afectados por la inclusión, con falta de transparencia y sin negociación individual ni aviso de su existencia, de cláusulas abusivas y desequilibrantes de las obligaciones de las partes solo puede causarnos perplejidad.

Y es que el Tribunal Supremo dictó jurisprudencia donde no solo no se protege a la parte que se encuentra en inferioridad, el consumidor hipotecado respecto al empresario; sino que hace de esa situación de desamparo criterio jurisprudencial asentado a seguir por los tribunales de inferior categoría, obligando a jueces que protegían a los consumidores dejarlos en desamparo.

Aparte de la perplejidad causada entre la profesión jurídica y los afectados por estas cláusulas abusivas introducidas en hipotecas, la discusión y polémica surgida por no se ha hecho esperar y, de inmediato, el debate saltó a las universidades, los medios de comunicación y, finalmente, la política. La universidad, mayoritariamente, se ha mostrado totalmente contraria al fallo del Tribunal Supremo por cuanto ese mismo tribunal siempre ha declarado el efecto retroactivo de la nulidad: si algo es nulo y se tiene como nunca existido, sus efectos no pueden ser otros que devolver la situación al momento previo a la irregularidad.

Y es ahora, cuando la resignación a aceptar el criterio del Tribunal Supremo ya estaba siendo aceptada por letrados, afectados y los propios jueces, cuando Europa, a través de un documento remitido por la Comisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recomienda y sugiere que el Tribunal Supremo español modifique su criterio y devuelva a los hipotecados todo aquello dinero que les cobró de más en base a una cláusula contractual irregular cuya existencia desconocían.

Aquellos afectados que hayan solicitado el amparo de los tribunales y hayan visto como, pese a reconocer el engaño, las entidades bancarias no eran obligadas a devolver todo lo que les habían cobrado de más difícilmente –por no decir imposible- van a recuperar el dinero pagado en exceso al ser las sentencias definitivas pero, al menos, para aquellos afectados que estén ahora pleiteando en los tribunales sí nace la oportunidad de ver respetado su derecho.

Así, con esta decisión, la Comisión Europea abre la posibilidad a que el Tribunal Supremo, ya sea por voluntad propia tomando en consideración dicha recomendación; o ya sea obligado por una futura eventual sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en todos aquellos casos donde reconoce que un hipotecado ha sido engañado por el banco al introducir una cláusula que le perjudica sin su conocimiento, la entidad bancaria tenga que reparar su conducta y devolver al hipotecado, ni más ni menos, que todo su dinero que pago en exceso por el engaño, de forma que el banco restablece el equilibrio económico que, irregularmente, rompió a su favor. Es la justicia, estúpido.

* Artículo publicado por Alberto Aznar Traval, Letrado de Civil y Mercantil en PEDRÓS ABOGADOS, en el diario Confilegal

Privacidad, internet, menores y nuevo delito de ‘sexting’ (I)

El uso cada vez más habitual y para cada vez más tipos de comunicación de las nuevas tecnologías y los nuevos tipos de dispositivos móviles supone un problema para mantener la intimidad y privacidad de las personas y, por tanto, supone un reto para el Derecho. Con este artículo comenzamos una serie de reflexiones sobre el papel del Derecho en las situaciones donde, mediante el uso de las nuevas tecnologías, la privacidad de un adulto o menor pueda quedar afectada.

Si bien a lo largo de la historia las personas siempre han compartido mensajes con contenido erótico de diferentes formas en función del avance de la técnica del momento es en la actualidad, con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde este proceso, al igual que todos los procesos de comunicación, se ultra-aceleran.

Así, entre las nuevas prácticas y formas de comunicación, una de las que más puede afectar a la esfera íntima de las personas es el fenómeno conocido como ‘sexting’. Éste término, de origen inglés, formado por las palabras ‘sex’ (sexo) y ‘texting’ (mensaje), se refiere al envío de cualquier tipo de contenido -mensajes, imágenes o videos- de carácter erótico por una persona a otra –generalmente su pareja o una persona con la que mantiene un romance o coqueteo- ya sea por mensaje de texto, whatsap, email o similar.

El fenómeno del ‘sexting’, si bien en nuestro país es algo más novedoso, en otros países desarrollados como Estados Unidos es más habitual y diferentes estudios como el realizado en el año 2013 por la Universidad de Drexel en Philadelphia señalaba que se trata de una práctica usual entre un 40 y 50% de los y las adolescentes estadounidenses, mientras que 8 de cada 10 adultos encuestados admitía haber intercambiado mensajes con contenido sexual en algún momento de su vida.

Pero no se trata, ni mucho menos, de una práctica que afecte a ciudadanos o ciudadanas anónimas, sino que personajes públicos o artistas de renombre internacional como los cantantes Rihanna o Chris Brown -o, en nuestro país, la concelaja del pequeño pueblo castellano de Los Yébenes, Olvido Hormigos- han sufrido las consecuencias negativas que puede acarrear el sexting ya que el mensaje erótico fue difundido, incluso de forma involuntaria por el propio emisor, al público en general.

Por tanto, vemos como el punto esencial y la clave del intercambio entre individuos de cualquier tipo de contenido erótico por cualquier tipo de vía reside en el consentimiento con que se ha realizado el intercambio; y en la confianza que entre ambas exista en que el contenido enviado será únicamente usado y disfrutado por la persona que lo recibe sin que, salvo medie consentimiento expreso, el receptor pueda de ninguna manera compartirlo o difundirlo con terceros.

Esto ocurre, así, en el 99% de intercambios: el mensaje, imagen, audio o video es remitido por el emisor y queda reducido al uso y disfrute privado del receptor, sin que ningún tercero ajeno sepa siquiera de la existencia –ni mucho menos acceda- al contenido erótico privado entre dos individuos.

Pero, no obstante, esta práctica implica un elevado riesgo por cuanto el emisor, desde el momento en el que envía el contenido erótico –o cualquier otro contenido- pierde el control de dicho contenido, lo que puede acarrear problemas en casos donde:

A- El / la receptor del contenido erótico enviado en un momento en que la relación estaba vigente, quiera ‘vengarse’ de su antigua pareja o coqueteo tras la ruptura y una de las formas sea valerse del uso y difusión a terceros, sin autorización, de ese contenido erótico privado de su expareja.

B- El / la receptor, simplemente, lo remita a una persona de su confianza no con la intención deliberada de hacer daño o vengarse del emisor, sino simplemente para compartir lo que le está pasando: aquí el problema es que el emisor, al haber perdido el control sobre el contenido erótico remitido, puede sufrir esta situación.

C- Un tercero, completamente ajeno a las dos partes que se están intercambiando mensajes con contenido erótico, hackee o acceda de forma no autorizada a sus dispositivos móviles, de forma que pueda obtener, utilizar y difundir esos ficheros que, incluso, puede haber obtenido con el objetivo de hacer chantaje a los afectados.

Por tanto, si bien al Derecho no le importa ni le debe importar lo que cada individuo, hombre o mujer, de forma consentida y consciente haga con su vida privada, sus comunicaciones y sus prácticas sexuales lo que quiera. Y este riesgo para la privacidad de los individuos tiene dos vertientes, con respecto a

1º- Adultos: peligro de que el contenido erótico pueda ser difundido a terceros de forma masiva y rápida, y de lugar a casos donde la persona que lo difunde intente llevar a cabo algún tipo de chantaje o extorsión con las consecuencias negativas que el conocimiento por terceros de la esfera familiar o social del afectado de ese contenido erótico privado pueda tener.

2º- Menores: peligro por la exposición que puede sufrir el o la menor a fenómenos como el ‘grooming’ -cuando un adulto, abusando de su posición, intente obtener contenido erótico del menor para su uso privado o difundiéndolo a terceros con lucro económico-; o ‘bulling’, si esos intercambios llegan a terceros del ámbito del menor de forma que su intimidad queda expuesta y puede sufrir el escarnio o la burla de personas de su entorno.

En consecuencia, al Derecho, al que no le importa lo que usted y su pareja hagan con su vida privada si hay consentimiento mutuo y ambos son conscientes, se empieza a enfadar si su pareja o expareja difunde ese contenido erótico privado suyo sin su permiso o si un adulto intenta abusar de su posición y obtener ese contenido de un menor. En el segundo artículo de esta serie vamos a analizar el papel del Derecho y las implicaciones legales que un posible afectado por sexting tiene para intentar minimizar sus daños y proteger su intimidad.

* Alberto Aznar Traval es Letrado de PEDRÓS ABOGADOS.