Artículos etiquetados con: consumidores

Mayo13

INSATISFACIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y MECANISMOS LEGALES DE DEFENSA.

Categories // Publico

INSATISFACIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y MECANISMOS LEGALES DE DEFENSA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo económico y social se caracteriza entre otros factores, por el “consumismo”, símbolo patente en nuestra sociedad actual. Este fenómeno estimula constantemente a que las personas compren y consuman bienes, a veces de forma compulsiva, lo cual, contribuye y potencia que en nuestra vida cuotidiana nos encontremos en ocasiones con bienes adquiridos que puedan resultar defectuosos o que no cumplan con las debidas condiciones esperadas, produciéndose como consecuencia la insatisfacción de los compradores. 

¿Quién no se ha encontrado alguna vez en la situación de haber comprado un bien que adolece de algún defecto o que el mismo resulte inservible para el uso a que debía ser destinado?

Frente estas situaciones de insatisfacción por parte de los compradores existen diversos mecanismos legales que protegen y permiten a los consumidores y usuarios reclamar frente a los vendedores.

Esta protección se encuentra regulada en el Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en nuestro Código Civil.

Para empezar, nos detendremos en primer lugar, en la definición de consumidor y usuario que ofrece el Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios “T.R.L.G.D.C.U”, el cual define en su artículo 3 como consumidores y usuarios, a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, y a las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

Está normativa será de aplicación a las ventas de productos de consumo celebrados entre consumidores y vendedores profesionales, quedando excluidos, los contratos celebrados entre comerciantes, y entre particulares no profesionales. No se entenderán consumidores y usuarios, aquellos que adquieran el bien para destinarlo a su actividad comercial o empresarial, o adquieran el producto a fin de integrarlo en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros, en estos casos no será de aplicación el régimen de garantías previsto en el “T.R.L.G.D.C.U”, siéndoles de aplicación las reglas generales de la contratación reguladas en el Código Civil “Régimen de saneamiento en caso de defectos o vicios ocultos en la cosa vendida” artículo 1.484 y ss. del Código Civil, y el “Régimen de cumplimiento de las obligaciones” artículos 1.101, 1.124 y ss. del Código Civil.

Como hemos anticipado, los consumidores cuentan con distintos mecanismos legales de protección para reclamar a los vendedores en los casos que haya falta de conformidad. Primero nos detendremos en el régimen de garantías de consumo que prevé el “T.R.L.G.D.C.U”, el cual establece en su artículo 114 como principio general que; el vendedor está obligado a entregar al consumidor y usuario productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto.

Se establece un plazo de garantía legal de dos años, en los cuales el vendedor debe responder antes los defectos de un producto nuevo durante los dos años siguientes a su fecha de entrega, y durante el año siguiente si se tratase de un producto de segunda mano. El consumidor debe informar al vendedor de la falta de conformidad del bien comprado sin demora, en todo caso dentro del plazo de dos meses desde que descubra la deficiencia, siendo el plazo de prescripción para el ejercicio de los derechos concedido al consumidor de tres años desde la entrega del producto, según dispone el artículo 123.

El “T.R.L.G.D.C.U”, además, distingue entre garantía legal que, deriva del propio contrato de compraventa, y es la que hace responder al vendedor ante la falta de conformidad del comprador (plazo de dos años desde la entrega) y, la garantía comercial (plazo indeterminado) regulada en el artículo 125, que nace de la voluntad del garante. Esta garantía comercial constituye un plus que puede ofrecer voluntariamente el vendedor o fabricante al consumidor, y situarlo en una posición más ventajosa en relación con los derechos ya concedidos a los consumidores por esta ley.

Además, hay que tener presente que el “T.R.L.G.D.C.U”, no exige a los consumidores que su falta de conformidad tenga cierta relevancia (gravedad) para la existencia de responsabilidad en el vendedor,  a diferencia del artículo 1484 del Código Civil, que en materia de saneamiento, sí que establece como requisito para hacer responder al vendedor de los vicios ocultos aparecidos en el bien, la gravedad del defecto. El vendedor deberá responder frente los consumidores y usuarios de toda falta de conformidad manifestada por el comprador, aunque sea de poca importancia.

El artículo 117 determina que el ejercicio de las acciones que contempla el “T.R.L.G.D.C.U” será incompatible con el ejercicio de las acciones derivadas del saneamiento por vicios ocultos de la compraventa (artículos 1.484 y ss. del Código Civil), en el sentido de que si se trata de una venta de bienes de consumo sometida al ámbito de aplicación del “T.R.L.G.D.C.U”, no será de aplicación el régimen del saneamiento por vicios ocultos del Código Civil, sino que habrá que acudir a la normativa básica de protección a los consumidores regulada en el “T.R.L.G.D.C.U”.

 

Por último, haremos una breve mención a otro mecanismo contemplado en el Código Civil que ofrece protección a los compradores para los supuestos de insatisfacción  o falta de conformidad del bien adquirido, por ineptitud del objeto para el uso a que debía ser destinado o por entrega de cosa distinta a la pactada,“aliud pro alio”. Concretamente a las acciones de resarcimiento y cumplimiento contempladas en los arts. 1.101 y 1.124 del Código Civil.

Estas acciones requieren que el incumplimiento del contrato de compraventa por parte del vendedor sea grave, sustancial, que exista inhabilidad total del objeto para obtener el fin contractual al que debía ser destinado conforme a su naturaleza. Cuando un comprador adquiere un producto “viciado” que no cumple las características genéricas exigidas al respecto con arreglo al fin para el que fue comprado, habrá un incumplimiento de la obligación de entrega o entrega de cosa distinta a la pactada,“aliud pro alio”.

No bastará cualquier carencia en las características del bien adquirido para considerar que concurre un defectuoso cumplimiento de la obligación de entrega. El desajuste de las características del producto debe ser significativo, para que la diferencia sea relevante, y sobretodo, se tiene que ver frustrada la finalidad económica del contrato por inidoneidad del objeto entregado.

Para el ejercicio de las acciones de resarcimiento y cumplimiento, se exige que haya un manifiesto incumplimiento contractual por parte del vendedor y que la falta de cualidades del bien haga inservible la entrega efectuada, hasta el punto de frustrar el objeto del contrato, con la consiguiente insatisfacción del comprador.

Estás acciones van más allá de los vicios ocultos, y requieren que exista un defectuoso cumplimiento del contrato de compraventa y que se haya entregado cosa distinta, o con vicios que hagan impropio el objeto de la compraventa para el fin a que se destina. El plazo de ejercicio de estas acciones será de quince años, según la norma general contenida en el art. 1964 CC, plazo significativamente superior al plazo para interponer acciones por vicios ocultos y las previstas en el “T.R.L.G.D.C.U”.

 

 

* Eva Colomer Girbes, abogada en Pedrós Abogados.