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Jun30

Reflexiones en torno a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

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Reflexiones en torno a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

El próximo 1 de julio entra en vigor, junto a la ley que reforma el Código Penal, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley de Seguridad Ciudadana y peyorativamente calificada con el nombre de Ley Mordaza. Esta norma fue aprobada definitivamente por las Cortes Generales el pasado 30 de marzo, en un intenso y agrio debate donde únicamente el partido en el Gobierno, el Partido Popular voto a favor: mientras que la totalidad del resto de partidos de la oposición voto en contra.

De hecho, la polémica, controversia y oposición suscitada durante la tramitación de esta norma ha llegado hasta tal punto que se podría afirmar que se trata de una ley que ya a priori nace muerta, por cuanto la práctica totalidad de los partidos de la oposición – PSOE, Izquierda Plural, PNV, UPyD, ERC y Amaiur, entre otros- ya han manifestado en múltiples ocasiones su voluntad de derogar dicha norma nada más se produzca un cambio de gobierno. Polémica, controversia y oposición que han llamado la atención de otros países de nuestro entorno y han suscitado incluso un editorial del New York Times (Spain’s Ominous Gag Law, La Omniosa Ley Mordaza Española, de 22 de abril de 2015).

Aparte de en la arena política, diversas asociaciones y organizaciones sociales tales como la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía de España, la Confederación Española de Abogados Jóvenes, Amnistía Internacional o Greenpeace han mostrado su preocupación y rechazo a esta norma.

Desde un punto de vista jurídico, se trata de una ley teóricamente concebida –como señala su Exposición de motivos- para incrementar la seguridad de los ciudadanos como garantía de que los y libertades amparados constitucionalmente puedan ser ejercidos libremente en tanto parte esencial del Estado de Derecho.

Así, entre otros ejemplos de conductas sancionadas, esta norma tipifica como falta leve y con hasta 600 € de multa las “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (art. 37.4); como infracción grave y con hasta 30.000 € de multa la “desobediencia a la autoridad” (art. 36.6); y como infracción muy grave y con hasta 600.000 € de multa las manifestaciones “no comunicadas” ante infraestructuras básicas del Estado (art. 35.2).

Pero, para lograr tan magno objetivo esta ley lleva a cabo, sin atisbo de duda, un endurecimiento y elevación de las penas y multas de forma significativa, procediendo a penalizar hechos que antes no tenían ningún tipo de sanción, en unos casos; y agravando las sanciones de hechos que antes tenían consecuencias jurídicas leves, en otros.

Para hacerse una idea y ser consciente de la situación real que esta ley supone, será necesario esperar a su entrada en vigor, siendo sumamente interesante la consideración y aplicación práctica, la forma, el cómo, con que los jueces y tribunales de nuestro país implementan una norma que introduce puntos y sanciones de, a priori, dudosa constitucionalidad.

 

* Alberto Aznar Traval es Letrado de PEDRÓS ABOGADOS.