Jun05

Sanción administrativa, Indemnización derivada de la responsabilidad civil y Recargo de Prestaciones en el ámbito laboral. ¿Vulneracion del principio "non bis in idem"?.

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Sanción administrativa, Indemnización derivada de la responsabilidad civil y Recargo de Prestaciones en el ámbito laboral. ¿Vulneracion del principio

 

Para abordar la materia de este artículo, es necesario comenzar por la conceptuación del recargo de prestaciones por accidente de trabajo, contemplado en el art. 123 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de Junio de 1994, en el cual se dispone que: "Todas las prestaciones que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aumentaran de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o los elementos de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajador, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".


La redacción de éste artículo junto con la del artículo 42.3 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales en el cual se contempla que las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones, despertó una gran polémica entre los empresarios los cuales consideraron que estaba habiendo un abuso de responsabilidad y de vulneración jurídica.

La Jurisprudencia se ha pronunciado sobre el caso en diversas sentencias reiterando el carácter indemnizatorio y no sancionador del recargo de prestaciones. La naturaleza indemnizatoria tiene su origen en el incumplimiento de las obligaciones que el empresario asume como consecuencia del contrato de trabajo. A través de la indemnización se busca compensar a quienes no debieron sufrir un accidente o enfermedad profesional de haberse aplicado correctamente los medios de seguridad previstos por la Ley.

La indemnización ha de ser aplicada de forma restrictiva, demostrando previamente que se ha producido infracción de normas de seguridad e higiene y que esto a dado lugar al accidente, es decir, tiene que ser demostrado el nexo causal. El necesario nexo suele determinarse acudiendo a alguno de los siguientes criterios (1):

1. Que la contingencia que motiva la prestación sea de carácter profesional.

2. Que la víctima tenga derecho al percibo de la prestación económica de la Seguridad Social. Aunque si el accidente se produce por omisión de las medidas de seguridad no importa que la víctima tenga el período mínimo de cotización o el empresario esté al día de las cuotas.

3. Acción u omisión antijurídica del empresario.

4. Resultado dañoso o lesivo que de lugar a prestaciones económicas.

5. Relación de causalidad entre la acción negligente u omisiva del empresario y el resultado dañoso.

¿Cuánto vale una vida? ¿Deben las sanciones, en determinados casos, ser desproporcionados con el delito? ¿Debe el empresario ser responsable de la imprudencia del trabajador? Son muchas las preguntas que se plantean al respecto. El debate en cuestión ha sido abordado por los distintos movimientos doctrinales los cuales consideran que el recargo es una institución híbrida en la que confluyen elementos propios de las indemnizaciones y de las sanciones.

No obstante, algunos vienen criticando y poniendo en entredicho la existencia del recargo. Para Desdentado Bonete (2) el recargo infringe el principio "non bis in idem", al coincidir con las sanciones penales o administrativas y perturba la función reparadora al indemnizar por encima del daño, con el subsiguiente enriquecimiento injusto para el trabajador, lo que califica como una "lotería al revés". Sempere Navarro (3), además, pone de manifiesto que el recargo ha dejado de cumplir la función protectora del trabajador que originalmente tuvo. Sostiene que la admisión de responsabilidad patrimonial ilimitada y no tasada, la existencia de castigos públicos ejemplares (penales o administrativos), el papel de los órganos representativos de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo, entre otros factores, han de constituir vías suficientes para estimular el cumplimiento de normas preventivas, reprimir al infractor y resarcir al perjudicado.

La otra parte de la doctrina, los partidarios del recargo, reconocen los argumentos de sus detractores pero consideran que la siniestralidad laboral crece y que estas medidas disuasorias son necesarias para su erradicación. Alegan que el componente indemnizatorio es suficiente para estimar no aplicable el principio non bis in idem, a una medida que tiene un ámbito de actuación propio, en el marco de una relación entre empresario y trabajador. Esto permite la convivencia del recargo con la sanción administrativa o penal sin quiebra del principio que proscribe el doble castigo a un sujeto por la comisión de unos mismos hechos ilícitos. La desproporción de la pena la defienden alegando el carácter reparador en el incremento de la prestación. Se determina una diferencia de bien jurídico o diferenciación de fundamento. Apoyando este criterio encontramos a Monereo Pérez (4), quien opina que aunque el recargo tenga reconocida naturaleza sancionatoria se establece que este tipo de responsabilidad es estrictamente complementaria de la responsabilidad sancionatoria pública, esto es, ilícitos penales y/o administrativos, por la diferente fundamentación y bienes jurídicos protegidos, pues en estos casos se sanciona el comportamiento incumplidor , al margen de los daños realmente ocasionados, mientras que en el recargo se pretende reparar los daños inferidos a la víctima del accidente laboral (5). Por lo tanto a pesar de compartir el carácter sancionatorio, la vinculación a bienes jurídicos diferentes es la justificación que evitaría la coalición con el principio non bis in idem.

En conclusión, el recargo de prestaciones es una figura con una doble naturaleza, sancionadora y resarcitoria. Su cuantía es compatible con otras indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo o enfermedad profesional, sin que con ellas se compense o neutralice. A una primera vista, pueden parecer desproporcionados los múltiples recargos pero, ¿cuánto vale la integridad física de una persona? y ¿la vida?. Sin lugar a duda no habrá nunca una indemnización suficiente que compense la vida de una persona, una muerte que podría haberse evitado si el empresario no hubiera omitido las medidas de seguridad exigidas por ley.

 

1 El recargo de las prestaciones de la Seguridad Social. Manuel Iglesias Cabrero. Página 204.

2 Magistrado del Tribunal Supremo. Revista del Ministerio de trabajo e inmigración.

3 Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

4 Autor del Manual de Seguridad Social. Editorial Tecnos.

5 Monereo Perez, J.L: El recargo de prestaciones por incumplimiento. Página 85.

 * Por Santiago Calvo Escoms, abogado de Pedrós Abogados, y Paloma Rausell Cintas, colaboradora.