Abr01

El "centimo sanitario", es decir, el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.

Categories // Publico

El
 
 
 
Hay muchos intereses creados alrededor del céntimo sanitario, un recargo al consumo de hidrocarburos aprobado en el año 2002 para financiar la sanidad, el del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de no pagar o el de alargarlo todo lo que pueda y, el de varias asociaciones el verlo como un lucrativo negocio para captar expedientes. 
Estos intereses surgen tras varios años de recelos en Bruselas, y principalmente, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea certificara la muerte del impuesto a través de la Sentencia de 27 de febrero de 2014.
Por lo que es más que aconsejable el asesorarse correctamente por letrados expertos en la materia. El reclamar la devolución de este impuesto no puede convertirse en una feria, y más después del abuso cometido por el Ministerio de Hacienda.
Nuestro despacho cuenta con los medios y experiencia necesarios para reclamar la devolución de los importes indebidamente satisfechos por nuestros clientes, por lo que nos ponemos a la disposición de aquél que así lo desee. 
En primer lugar, decir que el céntimo sanitario se trata de un impuesto que se implantó en 13 Comunidades Autónomas y que oscila entre 1,2 y 4,8 céntimos por litro de carburante. Este gravamen alcanza su valor máximo de 4,8 céntimos tanto para gasolina como gasóleo en nueve comunidades autónomas, que son Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Castilla- La Mancha, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana.
En Asturias la tasa es de 4,8 céntimos para la gasolina y 4 céntimos para el gasóleo. En Galicia oscila entre 2,4 céntimos para la gasolina y 1,2 céntimos para el gasóleo. En Navarra se sitúa en 2,4 céntimos por litro, frente a los 1,7 de la Comunidad de Madrid.
Sólo tres comunidades autónomas que son Aragón, La Rioja y País Vasco, decidieron no aplicar este gravamen, lo que contribuyó a que los precios de venta al público sean menores a los del resto del territorio nacional, tal y como contrastó la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Dichos gravámenes, de acuerdo con la Sentencia de fecha 27 de febrero de 2014, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son contrarios al derecho comunitario y, por tanto, el Estado debe de devolver las cantidades cobradas indebidamente.
La mencionada Sentencia se muestra contundente pues el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que establece un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, como el IVMDH controvertido en el litigio principal, ya que no puede considerarse que tal impuesto persiga una finalidad específica en el sentido de dicha disposición, toda vez que el mencionado impuesto, destinado a financiar el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias en materia de sanidad y de medioambiente, no tiene por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente.
Sobre este particular, el Tribunal de Justicia recuerda, al Estado Español, que ya ha declarado que el aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el reconocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo puramente presupuestario, por lo que no puede, por sí solo, constituir una finalidad específica en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12.  Se refiere a la sentencia EKW y Wein & Co.
Respecto de los efectos temporales de esta Sentencia, tenemos que irnos a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que las consecuencias financieras que podrían derivarse para un Estado miembro de una sentencia dictada con carácter prejudicial no justifican, por sí solas, la limitación en el tiempo de los efectos de esa sentencia. Cuestión que se une a que no puede admitirse que el Estado Español, haya actuado de buena fe, al mantener el IVMDH en vigor durante un período de más de diez años, ya que en 2003, el año siguiente a la entrada en vigor del IVMDH, la Comisión inició un procedimiento de incumplimiento contra el Reino de España, en relación con dicho impuesto. De estas consideraciones, resulta que no procede limitar en el tiempo los efectos de la presente sentencia.
En definitiva, es el momento de que quienes han soportado la repercusión de este impuesto, soliciten su devolución. A lo que este despacho profesional propone dos vías de recurso:
Primera.- Cabe plantear una solicitud de ingresos indebidos en un procedimiento económico administrativo, por lo que todos aquellos, tanto particulares como empresas, que cumplan determinados requisitos y que conserven las facturas de compra de combustible en las que conste el impuesto satisfecho, podrán solicitar la devolución. Es importante tener presente que mediante este procedimiento sólo podrán reclamarse los ejercicios no prescritos, siendo el plazo de prescripción el de 4 años. Es decir, que cabría la reclamación respecto de los ejercicios del 2010, 2011 y 2012, pues en el 2013 ya no se soportó el impuesto. Este procedimiento, en caso de no ser estimado por la autoridad administrativa competente, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, daría lugar a un procedimiento contencioso-administrativo.
Segunda.- Cabe iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial al Estado legislador. Este procedimiento puede iniciarse por cualquier ingreso, que se hubiere efectuado por este impuesto, ya que en cualquier momento serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Eso sí, el procedimiento debe de iniciarse en el plazo de un año desde la sentencia, esto es, hasta marzo del 2015.
 
Por Ana Maria Riera Alajarin, abogada en Pedrós Abogados.