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Mayo13

INSATISFACIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y MECANISMOS LEGALES DE DEFENSA.

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INSATISFACIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y MECANISMOS LEGALES DE DEFENSA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo económico y social se caracteriza entre otros factores, por el “consumismo”, símbolo patente en nuestra sociedad actual. Este fenómeno estimula constantemente a que las personas compren y consuman bienes, a veces de forma compulsiva, lo cual, contribuye y potencia que en nuestra vida cuotidiana nos encontremos en ocasiones con bienes adquiridos que puedan resultar defectuosos o que no cumplan con las debidas condiciones esperadas, produciéndose como consecuencia la insatisfacción de los compradores. 

¿Quién no se ha encontrado alguna vez en la situación de haber comprado un bien que adolece de algún defecto o que el mismo resulte inservible para el uso a que debía ser destinado?

Frente estas situaciones de insatisfacción por parte de los compradores existen diversos mecanismos legales que protegen y permiten a los consumidores y usuarios reclamar frente a los vendedores.

Esta protección se encuentra regulada en el Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en nuestro Código Civil.

Para empezar, nos detendremos en primer lugar, en la definición de consumidor y usuario que ofrece el Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios “T.R.L.G.D.C.U”, el cual define en su artículo 3 como consumidores y usuarios, a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, y a las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

Está normativa será de aplicación a las ventas de productos de consumo celebrados entre consumidores y vendedores profesionales, quedando excluidos, los contratos celebrados entre comerciantes, y entre particulares no profesionales. No se entenderán consumidores y usuarios, aquellos que adquieran el bien para destinarlo a su actividad comercial o empresarial, o adquieran el producto a fin de integrarlo en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros, en estos casos no será de aplicación el régimen de garantías previsto en el “T.R.L.G.D.C.U”, siéndoles de aplicación las reglas generales de la contratación reguladas en el Código Civil “Régimen de saneamiento en caso de defectos o vicios ocultos en la cosa vendida” artículo 1.484 y ss. del Código Civil, y el “Régimen de cumplimiento de las obligaciones” artículos 1.101, 1.124 y ss. del Código Civil.

Como hemos anticipado, los consumidores cuentan con distintos mecanismos legales de protección para reclamar a los vendedores en los casos que haya falta de conformidad. Primero nos detendremos en el régimen de garantías de consumo que prevé el “T.R.L.G.D.C.U”, el cual establece en su artículo 114 como principio general que; el vendedor está obligado a entregar al consumidor y usuario productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto.

Se establece un plazo de garantía legal de dos años, en los cuales el vendedor debe responder antes los defectos de un producto nuevo durante los dos años siguientes a su fecha de entrega, y durante el año siguiente si se tratase de un producto de segunda mano. El consumidor debe informar al vendedor de la falta de conformidad del bien comprado sin demora, en todo caso dentro del plazo de dos meses desde que descubra la deficiencia, siendo el plazo de prescripción para el ejercicio de los derechos concedido al consumidor de tres años desde la entrega del producto, según dispone el artículo 123.

El “T.R.L.G.D.C.U”, además, distingue entre garantía legal que, deriva del propio contrato de compraventa, y es la que hace responder al vendedor ante la falta de conformidad del comprador (plazo de dos años desde la entrega) y, la garantía comercial (plazo indeterminado) regulada en el artículo 125, que nace de la voluntad del garante. Esta garantía comercial constituye un plus que puede ofrecer voluntariamente el vendedor o fabricante al consumidor, y situarlo en una posición más ventajosa en relación con los derechos ya concedidos a los consumidores por esta ley.

Además, hay que tener presente que el “T.R.L.G.D.C.U”, no exige a los consumidores que su falta de conformidad tenga cierta relevancia (gravedad) para la existencia de responsabilidad en el vendedor,  a diferencia del artículo 1484 del Código Civil, que en materia de saneamiento, sí que establece como requisito para hacer responder al vendedor de los vicios ocultos aparecidos en el bien, la gravedad del defecto. El vendedor deberá responder frente los consumidores y usuarios de toda falta de conformidad manifestada por el comprador, aunque sea de poca importancia.

El artículo 117 determina que el ejercicio de las acciones que contempla el “T.R.L.G.D.C.U” será incompatible con el ejercicio de las acciones derivadas del saneamiento por vicios ocultos de la compraventa (artículos 1.484 y ss. del Código Civil), en el sentido de que si se trata de una venta de bienes de consumo sometida al ámbito de aplicación del “T.R.L.G.D.C.U”, no será de aplicación el régimen del saneamiento por vicios ocultos del Código Civil, sino que habrá que acudir a la normativa básica de protección a los consumidores regulada en el “T.R.L.G.D.C.U”.

 

Por último, haremos una breve mención a otro mecanismo contemplado en el Código Civil que ofrece protección a los compradores para los supuestos de insatisfacción  o falta de conformidad del bien adquirido, por ineptitud del objeto para el uso a que debía ser destinado o por entrega de cosa distinta a la pactada,“aliud pro alio”. Concretamente a las acciones de resarcimiento y cumplimiento contempladas en los arts. 1.101 y 1.124 del Código Civil.

Estas acciones requieren que el incumplimiento del contrato de compraventa por parte del vendedor sea grave, sustancial, que exista inhabilidad total del objeto para obtener el fin contractual al que debía ser destinado conforme a su naturaleza. Cuando un comprador adquiere un producto “viciado” que no cumple las características genéricas exigidas al respecto con arreglo al fin para el que fue comprado, habrá un incumplimiento de la obligación de entrega o entrega de cosa distinta a la pactada,“aliud pro alio”.

No bastará cualquier carencia en las características del bien adquirido para considerar que concurre un defectuoso cumplimiento de la obligación de entrega. El desajuste de las características del producto debe ser significativo, para que la diferencia sea relevante, y sobretodo, se tiene que ver frustrada la finalidad económica del contrato por inidoneidad del objeto entregado.

Para el ejercicio de las acciones de resarcimiento y cumplimiento, se exige que haya un manifiesto incumplimiento contractual por parte del vendedor y que la falta de cualidades del bien haga inservible la entrega efectuada, hasta el punto de frustrar el objeto del contrato, con la consiguiente insatisfacción del comprador.

Estás acciones van más allá de los vicios ocultos, y requieren que exista un defectuoso cumplimiento del contrato de compraventa y que se haya entregado cosa distinta, o con vicios que hagan impropio el objeto de la compraventa para el fin a que se destina. El plazo de ejercicio de estas acciones será de quince años, según la norma general contenida en el art. 1964 CC, plazo significativamente superior al plazo para interponer acciones por vicios ocultos y las previstas en el “T.R.L.G.D.C.U”.

 

 

* Eva Colomer Girbes, abogada en Pedrós Abogados.

Abr01

El "centimo sanitario", es decir, el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.

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El
 
 
 
Hay muchos intereses creados alrededor del céntimo sanitario, un recargo al consumo de hidrocarburos aprobado en el año 2002 para financiar la sanidad, el del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de no pagar o el de alargarlo todo lo que pueda y, el de varias asociaciones el verlo como un lucrativo negocio para captar expedientes. 
Estos intereses surgen tras varios años de recelos en Bruselas, y principalmente, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea certificara la muerte del impuesto a través de la Sentencia de 27 de febrero de 2014.
Por lo que es más que aconsejable el asesorarse correctamente por letrados expertos en la materia. El reclamar la devolución de este impuesto no puede convertirse en una feria, y más después del abuso cometido por el Ministerio de Hacienda.
Nuestro despacho cuenta con los medios y experiencia necesarios para reclamar la devolución de los importes indebidamente satisfechos por nuestros clientes, por lo que nos ponemos a la disposición de aquél que así lo desee. 
En primer lugar, decir que el céntimo sanitario se trata de un impuesto que se implantó en 13 Comunidades Autónomas y que oscila entre 1,2 y 4,8 céntimos por litro de carburante. Este gravamen alcanza su valor máximo de 4,8 céntimos tanto para gasolina como gasóleo en nueve comunidades autónomas, que son Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Castilla- La Mancha, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana.
En Asturias la tasa es de 4,8 céntimos para la gasolina y 4 céntimos para el gasóleo. En Galicia oscila entre 2,4 céntimos para la gasolina y 1,2 céntimos para el gasóleo. En Navarra se sitúa en 2,4 céntimos por litro, frente a los 1,7 de la Comunidad de Madrid.
Sólo tres comunidades autónomas que son Aragón, La Rioja y País Vasco, decidieron no aplicar este gravamen, lo que contribuyó a que los precios de venta al público sean menores a los del resto del territorio nacional, tal y como contrastó la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Dichos gravámenes, de acuerdo con la Sentencia de fecha 27 de febrero de 2014, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son contrarios al derecho comunitario y, por tanto, el Estado debe de devolver las cantidades cobradas indebidamente.
La mencionada Sentencia se muestra contundente pues el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que establece un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, como el IVMDH controvertido en el litigio principal, ya que no puede considerarse que tal impuesto persiga una finalidad específica en el sentido de dicha disposición, toda vez que el mencionado impuesto, destinado a financiar el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias en materia de sanidad y de medioambiente, no tiene por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente.
Sobre este particular, el Tribunal de Justicia recuerda, al Estado Español, que ya ha declarado que el aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el reconocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo puramente presupuestario, por lo que no puede, por sí solo, constituir una finalidad específica en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12.  Se refiere a la sentencia EKW y Wein & Co.
Respecto de los efectos temporales de esta Sentencia, tenemos que irnos a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que las consecuencias financieras que podrían derivarse para un Estado miembro de una sentencia dictada con carácter prejudicial no justifican, por sí solas, la limitación en el tiempo de los efectos de esa sentencia. Cuestión que se une a que no puede admitirse que el Estado Español, haya actuado de buena fe, al mantener el IVMDH en vigor durante un período de más de diez años, ya que en 2003, el año siguiente a la entrada en vigor del IVMDH, la Comisión inició un procedimiento de incumplimiento contra el Reino de España, en relación con dicho impuesto. De estas consideraciones, resulta que no procede limitar en el tiempo los efectos de la presente sentencia.
En definitiva, es el momento de que quienes han soportado la repercusión de este impuesto, soliciten su devolución. A lo que este despacho profesional propone dos vías de recurso:
Primera.- Cabe plantear una solicitud de ingresos indebidos en un procedimiento económico administrativo, por lo que todos aquellos, tanto particulares como empresas, que cumplan determinados requisitos y que conserven las facturas de compra de combustible en las que conste el impuesto satisfecho, podrán solicitar la devolución. Es importante tener presente que mediante este procedimiento sólo podrán reclamarse los ejercicios no prescritos, siendo el plazo de prescripción el de 4 años. Es decir, que cabría la reclamación respecto de los ejercicios del 2010, 2011 y 2012, pues en el 2013 ya no se soportó el impuesto. Este procedimiento, en caso de no ser estimado por la autoridad administrativa competente, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, daría lugar a un procedimiento contencioso-administrativo.
Segunda.- Cabe iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial al Estado legislador. Este procedimiento puede iniciarse por cualquier ingreso, que se hubiere efectuado por este impuesto, ya que en cualquier momento serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Eso sí, el procedimiento debe de iniciarse en el plazo de un año desde la sentencia, esto es, hasta marzo del 2015.
 
Por Ana Maria Riera Alajarin, abogada en Pedrós Abogados.
Feb28

Comentarios en cuanto al permiso de residencia de inversores extranjeros no comunitarios.

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Comentarios en cuanto al permiso de residencia de inversores extranjeros no comunitarios.

Ante la gran cantidad de consultas recibidas por el despacho respecto cuestiones relativas al permiso de residencia para extranjeros no comunitarios, creemos conveniente dar una visión global sobre las líneas principales de esta cuestion.


El pasado 29 de Septiembre entró en vigor la nueva Ley de Emprendedores por la que el gobierno concederá el permiso de residencia a los extranjeros no comunitarios que compren viviendas por un importe superior a 500.000 €, tras los tramites legales correspondientes. Señalar que este permiso no equivale a un permiso de trabajo, ni otorga derecho a la sanidad pública española o prestaciones sociales. A modo de ejemplo, se debe concertar la contratación de un seguro privado de salud. Es lo que es, un permiso de residencia de una duración de dos años.

Esta decisión por parte del ejecutivo conlleva que se eviten  los desplazamientos cada 90 días de ciudadanos extranjeros hacia su país de origen para tramitar la renovación de sus visados.

El principal motivo por el cual se ha impulsado dicha medida es el de reducir el amplio stock de viviendas en España, dado que la demanda nacional esta paralizada desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Cabe destacar que de las viviendas que se compraron en 2013, el 15 % de dichas compras fue llevada a cabo por inversores extranjeros. No se puede negar que entre otras cosas, lo pretendido por el ejecutivo es la captación del inversor extranjero con rentas altas, que no obstante, deberán pasar por todos los controles y trámites preceptivos establecidos por parte del Ministerio de Interior.

De esta manera, España sigue el ejemplo de países como EEUU, Portugal, Irlanda o Chipre para atraer capital extranjero, lo cual, se supone que impulsará la economía nacional y mejorará el mercado inmobiliario.

En el caso portugués, por ejemplo, una de las opciones existentes para la concesion del indicado permiso es la de generar un mínimo de 30 puestos de trabajo, o la de generar un impacto económico en el pais superior al millón de euros. Respecto Irlanda, a los inversores extranjeros que quieran conseguir el visado y permiso se les ofrece la opción de invertir al menos un millón de euros en un proyecto público que impulse la cultura, el arte o la educación. Por otro lado, en EEUU, la ley es prácticamente igual a la aprobada en España.

La  nueva ley no contempla únicamente casos de compraventa de inmuebles por un valor superior a los 500.000 € para la obtención del permiso de residencia, ya que además, permitirá a los solicitantes no comunitarios obtener el permiso de residencia español mediante el cumplimiento de las siguientes condiciones y mediante la realización de una inversión en España, cuando la misma la lleve a cabo una persona jurídica domiciliada en un territorio no calificado de paraíso fiscal.

Estas condiciones son las siguientes.

- Inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de € en títulos de deuda pública.

- Inversión inicial por un valor igual o superior a 1 millón de € en acciones o participaciones de empresas españolas.

Para ambas inversiones el solicitante deberá haber realizado la inversión en la cantidad mínima requerida en un periodo no superior a 60 días anteriores a la presentación de la solicitud.

- Iniciar un proyecto empresarial que vaya a ser  desarrollado en España bajo la condición de que cumpla al menos alguno de los siguientes requisitos.

-          Creación de puestos de trabajo.

-          Realización de inversión con impacto socioeconómico.

-          Aportación relevante la innovación científica o tecnológica.

 La duración de dicho permiso será de dos años, renovables por otros dos más, siempre y cuando se mantenga la inversión inicial.

 También destacar que la nueva ley permite al cónyuge e hijos del inversor solicitar de manera simultánea o posterior la autorización de residencia y en su caso el visado.

 * Por Santiago Calvo Escoms, abogado en Pedrós Abogados, y Javier Aparici, colaborador.

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