Arbitraje y Procesal

Ene16

¿Cumplir o no cumplir un contrato afectado por la actual crisis económica?

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¿Cumplir o no cumplir un contrato afectado por la actual crisis económica?

 

La prolongada situación de crisis financiera, social y política que atraviesa nuestro país desde el año 2008 viene, como no puede ser de otra manera, influyendo también en el Derecho y en la labor práctica de jueces y tribunales. Esta influencia se ha manifestado, principalmente, de dos formas distintas pero íntimamente relacionadas. Por una parte, desde el poder político se vienen aprobando, en ocasiones de forma compulsiva y poco eficiente, multitud de normas y medidas que se adoptan con el objetivo de hacer frente a las negativas consecuencias que la crisis económica está provocando en nuestro país. Normas y medidas que, en algunos casos, han producido importantes cambios en determinados sectores del Derecho: cambios normativos que, hace apenas cuatro o cinco años, eran impensables.

 A este respecto, resultan significativos, entre otros, la reforma de la normativa hipotecaria implementada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; la supuesta modernización de la economía española introducida por la inenarrable Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; o la Ley

14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a emprendedores y su internacionalización. Por otra parte, desde el poder judicial y, más en concreto, desde sus jueces y tribunales en tanto encargados de aplicar la Ley con el objetivo de lograr una mejor aproximación al contexto económico en que se encuentra nuestro país se viene produciendo un paulatino pero constante cambio en la interpretación y aplicación de determinadas normas o doctrinas jurídicas.

 Es este contexto de crisis financiera y cambios en la interpretación y aplicación de nuestras leyes desde el que debe analizarse la importancia y actual polémica surgida en torno a la cláusula rebus sic stantibus. Especialmente debemos señalar cuáles son sus consecuencias prácticas en los contratos y negocios jurídicos vigentes en la actualidad pero, sin embargo, suscritos en momento anterior a la crisis económica.

 La denominada rebus sic stantibus supone valorar la imprevisibilidad de las consecuencias de la crisis económica, de modo que en el marco de las relaciones contractuales de tracto sucesivo la alteración sobrevenida de las circunstancias concurrentes en el momento de suscribir el contrato pueda conllevar una ruptura del equilibrio entre las partes contratantes que convierta en excesivamente onerosa y gravosa la prestación de una de las partes con respecto a la otra. Supondrá, pues, la existencia de la ruptura del equilibrio contractual o la básica reciprocidad acogiéndose jurisprudencialmente esta doctrina que surge como remedio para restablecer el equilibrio alterado. Más problemática, aunque posible, ha sido su aplicación a los contratos de tracto único, tales como el de compraventa (SSTS 10-2-97, de 15-11-00, de 22-4-04 y de 1-3-07).

 Ya debemos señalar, a priori que es fundamentalmente una doctrina de uso excepcional construida jurisprudencialmente y que, por ende, no encuentra sustento directo en nuestro ordenamiento jurídico siendo, además, una medida antagónica a la regla general del pacta sunt Servanda que determina que lo pactado entre las partes es ley y les obliga a su cumplimiento. Tal es la excepcionalidad de la rebus sic stantibus que, a diferencia de otros ordenamientos como el Código Civil italiano o alemán, no podemos encontrar ningún precepto en el Código Civil o en otras normas que se refiera ni que ampare la posibilidad de modificar o concluir un contrato válidamente suscrito por la alteración y el cambio imprevisible de las circunstancias que motivaron su firma entre las partes. A pesar de ello, la incorporación de la cláusula rebus sic stantibus al ordenamiento jurídico será, sin embargo, una realidad. En este sentido, existen propuestas para su incorporación a proyectos de textos internacionales (art. 6.2.2 de los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado-UNIDROIT); de Derecho de la Unión Europea (art. 6.111 de los Principios de Derecho Europeo de la Contratación-PECL). En España existe ya una propuesta de modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos de enero de 2009 de la Comisión General de Codificación que ha dado un paso decidido a su incorporación legal.

 La doctrina jurisprudencial muestra que la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus requiere reconocer la relevancia de la crisis económica; su marcada incidencia en el sector de que se trate, y la justificada pretensión de renegociación del marco inicial establecido. Por supuesto, todo ello debe revestirse de la imprevisibilidad de la situación requiriéndose, al propio tiempo, la necesidad de analizar el alcance de la alteración producida en la relación contractual. Se excluyen, por ende, las previsiones, tanto negociadas como no negociadas, del riesgo empresarial tanto aquellos títulos contractuales que contengan las denominadas cláusulas de estabilización, como aquéllos en los que hayan intervenido profesionales del sector de referencia excluyéndose, por tanto, aquellos supuestos amparados en el carácter profesional de los contratantes (STS de 2º de marzo de 2012); aquéllos presididos por finalidades especulativas (STS de 1 de octubre de 2012), o aquéllos en los que la previsibilidad debiera haber sido obligación imputable a la parte contratante aplicando, en este último supuesto, la denominada “culpa del deudor”.

 Se refiere el Alto Tribunal en el último supuesto a aquellos casos en los que, por ejemplo, la imposibilidad de financiación o de pago del precio era absolutamente evidente para el propio deudor. No parece que pueda imputarse dicho riesgo cuando por la transcendencia del mismo no cayera en la esfera de control de la parte en desventaja, ni razonablemente se tuvo en cuenta o se esperase que se tuviese en cuenta en la distribución natural de los riesgos derivados del contrato. Por el contrario, este riesgo o alteración sobrevenida debe ser valorado conforme a la nota de imprevisibilidad de acuerdo con su alcance y su incidencia en el contexto económico y negocial en el que incide o se proyecta. Por tanto, hechos determinantes de la aplicación serán, acreditado el presupuesto general de la alteración de las circunstancias económicas por el hecho notorio de la actual crisis económica y su significativa incidencia en el mercado de referencia, cabrá profundizar en la señalada concreción funcional y aplicativa de la figura conforme al marco negocial celebrado, especialmente respecto de las notas de imprevisibilidad del riesgo derivado y de la excesiva onerosidad resultante de la prestación debida. Todo ello, en la medida en que, por el carácter extraordinario y profundo de la alteración económica, su acaecimiento no pudiera razonablemente precaverse, de forma que se cercene el principio de equilibrio financiero entre las partes reportando una excesiva onerosidad contraria a los principios de equidad y buena fe contractual.

* Por Sonia Ortega Parra y Alberto Aznar Traval, abogados de Pedrós Abogados, despacho miembro de Hispajuris.

Mayo23

A vueltas con la mala praxis bancaria ( I ): Definicion y contexto.

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A vueltas con la mala praxis bancaria ( I ): Definicion y contexto.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis económica y social que atraviesa nuestro país ha puesto de manifiesto, entre otras muchas anomalías, un conjunto de problemas relacionados con la deficiente actuación y negligente comercialización de determinados productos financieros por las entidades bancarias. Con este texto damos comienzo a una serie de artículos donde intentaremos analizar y reflexionar sobre algunos de los supuestos de mala praxis bancaria que más alarma social han creado entre la opinión pública.

 


DEFINICIÓN.

Bajo el título de mala praxis bancaria se viene haciendo referencia al conjunto de malas prácticas llevadas a cabo por una entidad bancaria en la comercialización de sus productos financieros. Estas malas prácticas son, en principio y como regla general, fruto de la imprudencia y negligencia en el proceder de los operadores bancarios.

Pero, no obstante ese proceder negligente, no resulta del todo claro que además no haya habido, de forma conjunta o alternativa, una actuación dolosa o al menos con mala fe en esa comercialización de determinados productos financieros. Decir esto, que hace un par de años habría sonado descabellado, en la actualidad parece verosímil y tanto es así que actualmente la Audiencia Nacional ha admitido y está investigando diversas querellas presentadas contra los antiguos miembros del Consejo de Administración de BANKIA y sus expresidentes Rodrigo Rato y Miguel Blesa por, entre otros presuntos delitos, los de estafa, apropiación indebida y falsedad contable.

Además de la actuación de las entidades bancarias y los ciudadanos en tanto contratantes, otro actor respecto del que resulta interesante delimitar cual ha sido su papel y cuál es, por omisión, su responsabilidad, son los organismos públicos de supervisión financiera. A saber, especialmente la CNMV y el Banco de España en tanto encargados de velar por el cumplimiento de la normativa financiera y de proteger el interés general de los abusos y malas praxis bancarias.

Así, como caso paradigmático de mala praxis bancaria el de mayor repercusión ha sido la comercialización de participaciones preferentes y swaps, donde se ha vendido de forma generalizada un producto financiero de elevada complejidad y alto riesgo a pequeños ahorradores cuyo perfil conservador y sin experiencia inversora impedía la compraventa de dichos productos, como ha reconocido la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores.

 

CONTEXTO.

Como es evidente, la mala praxis bancaria no es un fenómeno nuevo y reciente: lo que es nuevo es la judicialización y presentación de demandas de forma masiva debido a las decenas de miles sino cientos de miles de afectados. Desde siempre existen casos donde la actuación de las entidades bancarias ha sido negligente y ha perjudicado los intereses de los ciudadanos/consumidores. Pero, bien es cierto que en la actualidad los problemas de liquidez de familias y pequeños ahorradores, enmarcados en el contexto de la crisis económica, han puesto de manifiesto la especial gravedad de éstas actuaciones bancarias negligentes. Y han devuelto a cobrar actualidad normas del siglo pasado, como la Ley de la Usura de 1908, que supuso un intento del legislador para frenar y mitigar los abusos que los prestatarios sufrían a manos de los prestamistas y que, a la vista de los acontecimientos, resulta de plena utilidad en nuestros días.

Además, si bien la mala praxis bancaria es un problema que está siendo denunciado y judicializado en la actualidad, los contratos y productos financieros donde ha habido una actuación bancaria negligente en su adquisición son instrumentos cuya contratación se remonta, en algunos casos, a mucho antes de comenzar la crisis económica. Tal es el caso, por ejemplo, de las participaciones preferentes, que se vienen utilizando al menos desde 1999; o de las cláusulas suelo, igualmente introducidas en los préstamos hipotecarios desde los años 90’. Ello no obstante, bien es cierto que las necesidades de liquidez que atraviesan las entidades bancarias han incrementado exponencialmente la comercialización de éstos productos financieros complejos, así como el uso de otras formas de obtención de liquidez novedosas, en aras de obtener fondos y sanear sus balances contables.

Por tanto, el que las contrataciones hayan tenido lugar en un momento temporal diferente al actual puede tener importantes repercusiones como es, por ejemplo, determinar la ley aplicable en el momento de la firma y, en consecuencia, qué obligaciones y derechos imponía esa ley a entidades bancarias y consumidores. Pues en la actualidad la tendencia tanto a nivel comunitario como español es a aumentar progresivamente la protección de los consumidores y usuarios cuando negocian con entidades bancarias en tanto parte débil con menor información y poder de negociación que los bancos. En este sentido, resulta fundamental la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros 2007, transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico interno en la Ley 47/2007 por la que se modifica la Ley 24/1988 del Mercado de Valores.

Delimitados brevemente los conceptos y situados en el contexto, en los artículos siguientes vamos a analizar supuestos concretos de mala praxis bancaria tales como la venta de participaciones preferentes como plazos fijos; la introducción sin consentimiento de cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios; o la devaluación de las acciones de Bankia como consecuencia del conocimiento de su situación financiera real de quiebra técnica.

 * Por Alberto Aznar Traval, abogado en Pedrós Abogados.

Dic02

Convenio entre Allianz Global Assistance e Hispajuris, en la cual esta integrada Pedros Abogados, para la atención legal en toda España a los beneficiarios del seguro de defensa jurídica ‘Iuris familia’ .

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Convenio entre Allianz Global Assistance e Hispajuris, en la cual esta integrada Pedros Abogados, para la atención legal en toda España a los beneficiarios del seguro de defensa jurídica ‘Iuris familia’ .

Hispajuris,en la cual esta integrada Pedros Abogados, intervendrá como firma legal de referencia para la prestación de servicios legales a los asegurados por Allianz Global Assistance (AGA) beneficiarios de coberturas de defensa legal en las distintas pólizas comercializadas por la compañía en España, en especial el seguro de defensa legal Iuris Familia.

Con el acuerdo, los clientes de AGA podrán beneficiarse de un servicio legal de calidad a través de las 41 sedes de Hispajuris en toda España, despachos de prestigio en cada ciudad. Los titulares de pólizas, asimismo, podrán beneficiarse de tarifas preferenciales en todo tipo de actuaciones legales no cubiertas por la póliza, dado el carácter multidisciplinar de la firma, con expertos en todas las áreas del Derecho.

El acuerdo por el cual Hispajuris se convierte en despacho de referencia de la compañía para este tipo de servicios legales a particulares, permitirá también a los asegurados contar con material jurídico divulgativo.

En la firma del convenio, Claudio Plevisani, director general de Allianz Global Assistance apuntó “mantener los estándares de calidad y profesionalidad que nuestra compañía ofrece a sus clientes nos lleva a establecer acuerdos de colaboración con entidades de referencia en aquellos sectores en los que operamos. Sin duda, Hispajuris ha acreditado en sus años de ejercicio una profesionalidad y eficacia de la que ahora se beneficiarán todos nuestros asegurados”. 

Por su parte, el presidente de Hispajuris, Fernando Escura, manifestó que el         convenio “responde a la línea estratégica de Hispajuris de posicionarse como aliado de grandes corporaciones, en este caso AGA, para darles el soporte necesario para     dar servicio legal a todo sus   clientes en cualquier punto de España”. Asimismo, recalcó      que “Hispajuris es la   única firma que puede prestar un servicio legal coordinado, ágil y de calidad en toda España, en todas las especialidades, con despachos propios de referencia en cada ciudad y a precios competitivos. Queremos ayudar a Allianz Global Assistance a gestionar todo su servicio legal externo”.

IURIS incluye también las tasas judiciales vigentes tras la entrada en vigor de la Ley de Tasas Judiciales. Se puede contratar desde 96 euros al año e incorpora a sus servicios la gestión de conflictos a través de la Mediación Legal. Una tramitación amistosa, que trata de conseguir, con la intervención de mediadores profesionales, una solución ágil a la controversia sin que sea necesario llegar a la celebración de un juicio.

Allianz Global Assistance cuenta con una amplia red de profesionales juristas que atenderán las necesidades de sus asegurados, quienes podrán seleccionar personalmente el despacho de abogados que prefieren que defienda sus intereses, bien en función de la cercanía, especialidad o atendiendo a las recomendaciones de los profesionales de IURIS.

 

 * Por Pedrós Abogados.

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