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El "centimo sanitario", es decir, el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.

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Hay muchos intereses creados alrededor del céntimo sanitario, un recargo al consumo de hidrocarburos aprobado en el año 2002 para financiar la sanidad, el del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de no pagar o el de alargarlo todo lo que pueda y, el de varias asociaciones el verlo como un lucrativo negocio para captar expedientes. 
Estos intereses surgen tras varios años de recelos en Bruselas, y principalmente, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea certificara la muerte del impuesto a través de la Sentencia de 27 de febrero de 2014.
Por lo que es más que aconsejable el asesorarse correctamente por letrados expertos en la materia. El reclamar la devolución de este impuesto no puede convertirse en una feria, y más después del abuso cometido por el Ministerio de Hacienda.
Nuestro despacho cuenta con los medios y experiencia necesarios para reclamar la devolución de los importes indebidamente satisfechos por nuestros clientes, por lo que nos ponemos a la disposición de aquél que así lo desee. 
En primer lugar, decir que el céntimo sanitario se trata de un impuesto que se implantó en 13 Comunidades Autónomas y que oscila entre 1,2 y 4,8 céntimos por litro de carburante. Este gravamen alcanza su valor máximo de 4,8 céntimos tanto para gasolina como gasóleo en nueve comunidades autónomas, que son Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Castilla- La Mancha, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana.
En Asturias la tasa es de 4,8 céntimos para la gasolina y 4 céntimos para el gasóleo. En Galicia oscila entre 2,4 céntimos para la gasolina y 1,2 céntimos para el gasóleo. En Navarra se sitúa en 2,4 céntimos por litro, frente a los 1,7 de la Comunidad de Madrid.
Sólo tres comunidades autónomas que son Aragón, La Rioja y País Vasco, decidieron no aplicar este gravamen, lo que contribuyó a que los precios de venta al público sean menores a los del resto del territorio nacional, tal y como contrastó la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Dichos gravámenes, de acuerdo con la Sentencia de fecha 27 de febrero de 2014, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son contrarios al derecho comunitario y, por tanto, el Estado debe de devolver las cantidades cobradas indebidamente.
La mencionada Sentencia se muestra contundente pues el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que establece un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, como el IVMDH controvertido en el litigio principal, ya que no puede considerarse que tal impuesto persiga una finalidad específica en el sentido de dicha disposición, toda vez que el mencionado impuesto, destinado a financiar el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias en materia de sanidad y de medioambiente, no tiene por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente.
Sobre este particular, el Tribunal de Justicia recuerda, al Estado Español, que ya ha declarado que el aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el reconocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo puramente presupuestario, por lo que no puede, por sí solo, constituir una finalidad específica en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12.  Se refiere a la sentencia EKW y Wein & Co.
Respecto de los efectos temporales de esta Sentencia, tenemos que irnos a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que las consecuencias financieras que podrían derivarse para un Estado miembro de una sentencia dictada con carácter prejudicial no justifican, por sí solas, la limitación en el tiempo de los efectos de esa sentencia. Cuestión que se une a que no puede admitirse que el Estado Español, haya actuado de buena fe, al mantener el IVMDH en vigor durante un período de más de diez años, ya que en 2003, el año siguiente a la entrada en vigor del IVMDH, la Comisión inició un procedimiento de incumplimiento contra el Reino de España, en relación con dicho impuesto. De estas consideraciones, resulta que no procede limitar en el tiempo los efectos de la presente sentencia.
En definitiva, es el momento de que quienes han soportado la repercusión de este impuesto, soliciten su devolución. A lo que este despacho profesional propone dos vías de recurso:
Primera.- Cabe plantear una solicitud de ingresos indebidos en un procedimiento económico administrativo, por lo que todos aquellos, tanto particulares como empresas, que cumplan determinados requisitos y que conserven las facturas de compra de combustible en las que conste el impuesto satisfecho, podrán solicitar la devolución. Es importante tener presente que mediante este procedimiento sólo podrán reclamarse los ejercicios no prescritos, siendo el plazo de prescripción el de 4 años. Es decir, que cabría la reclamación respecto de los ejercicios del 2010, 2011 y 2012, pues en el 2013 ya no se soportó el impuesto. Este procedimiento, en caso de no ser estimado por la autoridad administrativa competente, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, daría lugar a un procedimiento contencioso-administrativo.
Segunda.- Cabe iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial al Estado legislador. Este procedimiento puede iniciarse por cualquier ingreso, que se hubiere efectuado por este impuesto, ya que en cualquier momento serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Eso sí, el procedimiento debe de iniciarse en el plazo de un año desde la sentencia, esto es, hasta marzo del 2015.
 
Por Ana Maria Riera Alajarin, abogada en Pedrós Abogados.
Mar04

España "archiva" el principio de justicia universal.

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España

 

Durante la sesión del pasado jueves 27 de febrero de 2014, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por vía de urgencia, sin debate en comisión y con los votos a favor del Partido Popular (y los votos en contra del resto de partidos de la oposición), la modificación del apartado cuarto del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial por el que queda limitada con efectos retroactivos e inmediatos el llamado principio de Justicia universal.


 

Como sabemos, por Justicia universal se entiende la aplicación extraterritorial por un Estado, fuera de su propio territorio y en representación de la Comunidad internacional, de su ley penal con el objetivo de tratar de evitar la impunidad de determinados delitos o crímenes que, por su especial gravedad y consideración, hacen recomendable que tribunales ajenos al Estado donde han tenido lugar dichos crímenes intervengan investigando y enjuiciando a sus causantes.

 

Se trata, por tanto, de crímenes relativos a violaciones de Derechos humanos en masa, como los crímenes de lesa humanidad y genocidio, en donde además de un alto número de víctimas a la vez suelen llevar aparejada la violación sistemática de múltiples derechos humanos. Y esa intervención de tribunales internacionales o ajenos a los internos o domésticos del lugar de comisión de dichos crímenes se impone como necesaria ya que en demasiadas ocasiones las implicaciones políticas, étnicas y religiosas que envuelven su comisión suelen derivar en la falta de persecución y la consiguiente impunidad de sus causantes, como es caso paradigmático el genocidio de Srebrenica cometido durante la Guerra de los Balcanes, en donde los altos cargos políticos y militares causantes del mismo eran y son considerados héroes para parte de la población, pese a haberse acreditado el genocidio y haber sido condenados por la Corte Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.

 

Usualmente éste principio viene siendo aplicado por los tribunales internacionales de Derechos humanos creados expresamente con el propósito de evitar la impunidad de los delitos de lesa humanidad y genocidio. El más destacable es la Corte Penal Internacional y sus tribunales adjuntos que, ya en el preámbulo del Estatuto de Roma que la crea y regula, se recuerda que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”. Además, en el mismo sentido se manifiesta su dictamen de 11 de julio de 1996 relativa al caso Bosnia vs. República Federal de Yugoslavia, donde la propia Corte Penal Internacional reconoció expresamente el derecho de los Estados a ejercer la jurisdicción universal en materia de genocidio.

 

Pero sólo unos pocos Estados, de forma excepcional a su aplicación por tribunales internacionales, han venido aplicando el principio de Justicia universal, como ha sido el caso de España hasta su reciente reforma. Cabe recordar que durante su aplicación se han abierto, con mayor o menor éxito, procesos judiciales por crímenes de genocidio, terrorismo de Estado y torturas cometidos en Argentina (Caso Adolfo Scilingo, que fue condenado a 640 años de prisión), Chile (Caso Pinochet, por las desapariciones y torturas cometidas durante su dictadura) o El Salvador (Caso Mártires de la UCA, donde ocho personas, entre ellas el jesuita Ignacio Ellacuria, fueron asesinados en el contexto de la Guerra Civil del país centroamericano).

 

Esta no es, sin embargo, la primera limitación que la Justicia universal sufre en nuestro país, pues en 2009 el Congreso aprobó, con los votos a favor de PSOE y PP, otra reforma que reducía su aplicación con el objetivo de que la Justicia española sólo pudiera perseguir casos de genocidio y lesa humanidad "cuando existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo de conexión relevante con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio española”. Pero, con la actual reforma de 2014, se elimina de forma casi total la utilidad práctica de la Justicia universal, pues solo será de aplicación si el procedimiento se dirige contra un español o un ciudadano extranjero residente en España.

 

Si bien como motivo real de la reforma de 2009 se habló de la presión internacional de EEUU e Israel a causa de la investigación de los conocidos vuelos de Guantánamo y por el caso de los crímenes de lesa humanidad en la franja de Gaza (donde la Audiencia Nacional investigaba al ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben Eliezer), en esta ocasión parece ser que el detonante de la limitación ha sido el conflicto diplomático surgido con la República Popular China como consecuencia de la investigación de un presunto genocidio en el Tíbet y, en especial, por la reciente decisión el pasado 14 de febrero de la Audiencia Nacional de dictar órdenes internacionales de arresto contra cinco dirigentes del gobierno Chino, entre ellos el expresidente Jiang Zemin.

 

Con la entrada en vigor de esta reforma y debido a sus efectos retroactivos, se procederá a archivar y dejar sin consecuencias penales casos de genocidio y lesa humanidad de repercusión internacional que la Audiencia Nacional ya estaba investigando, como por ejemplo el Caso Couso, el caso de las torturas en Guantánamo, o los genocidios en el Sáhara, Guatemala y Ruanda, así como otros casos de incidencia internacional por delitos relativos a la ablación femenina o el narcotráfico.

 

Organizaciones internacionales defensoras de los Derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch; víctimas de los crímenes que investigaba la Audiencia Nacional en Chile o el Sahara Occidental, la familia del cámara fallecido en Iraq José Couso, y miembros de la llamada 'Flotilla de la Libertad’ de Gaza; así como otros colectivos como la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional (que ha acordado por unanimidad trasladar al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, su “preocupación” por dicha reforma), han manifestado su rechazo a la limitación aprobada por el Partido Popular ya que “cerrará la puerta para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de acceder a los tribunales españoles para reclamar justicia”.

 

Esta reforma, por tanto, nos aleja un poco más el ideal de justicia del maestro Cesare de Beccaria, que hace ya más de dos siglos en su clásico De los delitos y las penas afirmaba que la mejor forma para reducir el crimen es prevenirlo, y que la mejor manera de prevenir el crimen es la “persuasión de no encontrar lugar sobre la tierra en el que el crimen haya de quedar impune”.

Por Ana Montañes Berbel y Alberto Aznar Traval, abogados en Pedrós Abogados.

 

 

 

 

Feb28

Comentarios en cuanto al permiso de residencia de inversores extranjeros no comunitarios.

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Comentarios en cuanto al permiso de residencia de inversores extranjeros no comunitarios.

Ante la gran cantidad de consultas recibidas por el despacho respecto cuestiones relativas al permiso de residencia para extranjeros no comunitarios, creemos conveniente dar una visión global sobre las líneas principales de esta cuestion.


El pasado 29 de Septiembre entró en vigor la nueva Ley de Emprendedores por la que el gobierno concederá el permiso de residencia a los extranjeros no comunitarios que compren viviendas por un importe superior a 500.000 €, tras los tramites legales correspondientes. Señalar que este permiso no equivale a un permiso de trabajo, ni otorga derecho a la sanidad pública española o prestaciones sociales. A modo de ejemplo, se debe concertar la contratación de un seguro privado de salud. Es lo que es, un permiso de residencia de una duración de dos años.

Esta decisión por parte del ejecutivo conlleva que se eviten  los desplazamientos cada 90 días de ciudadanos extranjeros hacia su país de origen para tramitar la renovación de sus visados.

El principal motivo por el cual se ha impulsado dicha medida es el de reducir el amplio stock de viviendas en España, dado que la demanda nacional esta paralizada desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Cabe destacar que de las viviendas que se compraron en 2013, el 15 % de dichas compras fue llevada a cabo por inversores extranjeros. No se puede negar que entre otras cosas, lo pretendido por el ejecutivo es la captación del inversor extranjero con rentas altas, que no obstante, deberán pasar por todos los controles y trámites preceptivos establecidos por parte del Ministerio de Interior.

De esta manera, España sigue el ejemplo de países como EEUU, Portugal, Irlanda o Chipre para atraer capital extranjero, lo cual, se supone que impulsará la economía nacional y mejorará el mercado inmobiliario.

En el caso portugués, por ejemplo, una de las opciones existentes para la concesion del indicado permiso es la de generar un mínimo de 30 puestos de trabajo, o la de generar un impacto económico en el pais superior al millón de euros. Respecto Irlanda, a los inversores extranjeros que quieran conseguir el visado y permiso se les ofrece la opción de invertir al menos un millón de euros en un proyecto público que impulse la cultura, el arte o la educación. Por otro lado, en EEUU, la ley es prácticamente igual a la aprobada en España.

La  nueva ley no contempla únicamente casos de compraventa de inmuebles por un valor superior a los 500.000 € para la obtención del permiso de residencia, ya que además, permitirá a los solicitantes no comunitarios obtener el permiso de residencia español mediante el cumplimiento de las siguientes condiciones y mediante la realización de una inversión en España, cuando la misma la lleve a cabo una persona jurídica domiciliada en un territorio no calificado de paraíso fiscal.

Estas condiciones son las siguientes.

- Inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de € en títulos de deuda pública.

- Inversión inicial por un valor igual o superior a 1 millón de € en acciones o participaciones de empresas españolas.

Para ambas inversiones el solicitante deberá haber realizado la inversión en la cantidad mínima requerida en un periodo no superior a 60 días anteriores a la presentación de la solicitud.

- Iniciar un proyecto empresarial que vaya a ser  desarrollado en España bajo la condición de que cumpla al menos alguno de los siguientes requisitos.

-          Creación de puestos de trabajo.

-          Realización de inversión con impacto socioeconómico.

-          Aportación relevante la innovación científica o tecnológica.

 La duración de dicho permiso será de dos años, renovables por otros dos más, siempre y cuando se mantenga la inversión inicial.

 También destacar que la nueva ley permite al cónyuge e hijos del inversor solicitar de manera simultánea o posterior la autorización de residencia y en su caso el visado.

 * Por Santiago Calvo Escoms, abogado en Pedrós Abogados, y Javier Aparici, colaborador.

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