Jun05

Sanción administrativa, Indemnización derivada de la responsabilidad civil y Recargo de Prestaciones en el ámbito laboral. ¿Vulneracion del principio "non bis in idem"?.

Categories // Laboral

Sanción administrativa, Indemnización derivada de la responsabilidad civil y Recargo de Prestaciones en el ámbito laboral. ¿Vulneracion del principio

 

Para abordar la materia de este artículo, es necesario comenzar por la conceptuación del recargo de prestaciones por accidente de trabajo, contemplado en el art. 123 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de Junio de 1994, en el cual se dispone que: "Todas las prestaciones que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aumentaran de un 30 a un 50%, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o los elementos de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajador, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".


La redacción de éste artículo junto con la del artículo 42.3 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales en el cual se contempla que las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones, despertó una gran polémica entre los empresarios los cuales consideraron que estaba habiendo un abuso de responsabilidad y de vulneración jurídica.

La Jurisprudencia se ha pronunciado sobre el caso en diversas sentencias reiterando el carácter indemnizatorio y no sancionador del recargo de prestaciones. La naturaleza indemnizatoria tiene su origen en el incumplimiento de las obligaciones que el empresario asume como consecuencia del contrato de trabajo. A través de la indemnización se busca compensar a quienes no debieron sufrir un accidente o enfermedad profesional de haberse aplicado correctamente los medios de seguridad previstos por la Ley.

La indemnización ha de ser aplicada de forma restrictiva, demostrando previamente que se ha producido infracción de normas de seguridad e higiene y que esto a dado lugar al accidente, es decir, tiene que ser demostrado el nexo causal. El necesario nexo suele determinarse acudiendo a alguno de los siguientes criterios (1):

1. Que la contingencia que motiva la prestación sea de carácter profesional.

2. Que la víctima tenga derecho al percibo de la prestación económica de la Seguridad Social. Aunque si el accidente se produce por omisión de las medidas de seguridad no importa que la víctima tenga el período mínimo de cotización o el empresario esté al día de las cuotas.

3. Acción u omisión antijurídica del empresario.

4. Resultado dañoso o lesivo que de lugar a prestaciones económicas.

5. Relación de causalidad entre la acción negligente u omisiva del empresario y el resultado dañoso.

¿Cuánto vale una vida? ¿Deben las sanciones, en determinados casos, ser desproporcionados con el delito? ¿Debe el empresario ser responsable de la imprudencia del trabajador? Son muchas las preguntas que se plantean al respecto. El debate en cuestión ha sido abordado por los distintos movimientos doctrinales los cuales consideran que el recargo es una institución híbrida en la que confluyen elementos propios de las indemnizaciones y de las sanciones.

No obstante, algunos vienen criticando y poniendo en entredicho la existencia del recargo. Para Desdentado Bonete (2) el recargo infringe el principio "non bis in idem", al coincidir con las sanciones penales o administrativas y perturba la función reparadora al indemnizar por encima del daño, con el subsiguiente enriquecimiento injusto para el trabajador, lo que califica como una "lotería al revés". Sempere Navarro (3), además, pone de manifiesto que el recargo ha dejado de cumplir la función protectora del trabajador que originalmente tuvo. Sostiene que la admisión de responsabilidad patrimonial ilimitada y no tasada, la existencia de castigos públicos ejemplares (penales o administrativos), el papel de los órganos representativos de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo, entre otros factores, han de constituir vías suficientes para estimular el cumplimiento de normas preventivas, reprimir al infractor y resarcir al perjudicado.

La otra parte de la doctrina, los partidarios del recargo, reconocen los argumentos de sus detractores pero consideran que la siniestralidad laboral crece y que estas medidas disuasorias son necesarias para su erradicación. Alegan que el componente indemnizatorio es suficiente para estimar no aplicable el principio non bis in idem, a una medida que tiene un ámbito de actuación propio, en el marco de una relación entre empresario y trabajador. Esto permite la convivencia del recargo con la sanción administrativa o penal sin quiebra del principio que proscribe el doble castigo a un sujeto por la comisión de unos mismos hechos ilícitos. La desproporción de la pena la defienden alegando el carácter reparador en el incremento de la prestación. Se determina una diferencia de bien jurídico o diferenciación de fundamento. Apoyando este criterio encontramos a Monereo Pérez (4), quien opina que aunque el recargo tenga reconocida naturaleza sancionatoria se establece que este tipo de responsabilidad es estrictamente complementaria de la responsabilidad sancionatoria pública, esto es, ilícitos penales y/o administrativos, por la diferente fundamentación y bienes jurídicos protegidos, pues en estos casos se sanciona el comportamiento incumplidor , al margen de los daños realmente ocasionados, mientras que en el recargo se pretende reparar los daños inferidos a la víctima del accidente laboral (5). Por lo tanto a pesar de compartir el carácter sancionatorio, la vinculación a bienes jurídicos diferentes es la justificación que evitaría la coalición con el principio non bis in idem.

En conclusión, el recargo de prestaciones es una figura con una doble naturaleza, sancionadora y resarcitoria. Su cuantía es compatible con otras indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo o enfermedad profesional, sin que con ellas se compense o neutralice. A una primera vista, pueden parecer desproporcionados los múltiples recargos pero, ¿cuánto vale la integridad física de una persona? y ¿la vida?. Sin lugar a duda no habrá nunca una indemnización suficiente que compense la vida de una persona, una muerte que podría haberse evitado si el empresario no hubiera omitido las medidas de seguridad exigidas por ley.

 

1 El recargo de las prestaciones de la Seguridad Social. Manuel Iglesias Cabrero. Página 204.

2 Magistrado del Tribunal Supremo. Revista del Ministerio de trabajo e inmigración.

3 Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

4 Autor del Manual de Seguridad Social. Editorial Tecnos.

5 Monereo Perez, J.L: El recargo de prestaciones por incumplimiento. Página 85.

 * Por Santiago Calvo Escoms, abogado de Pedrós Abogados, y Paloma Rausell Cintas, colaboradora.

Mayo23

A vueltas con la mala praxis bancaria ( I ): Definicion y contexto.

Categories // Arbitraje y Procesal

A vueltas con la mala praxis bancaria ( I ): Definicion y contexto.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis económica y social que atraviesa nuestro país ha puesto de manifiesto, entre otras muchas anomalías, un conjunto de problemas relacionados con la deficiente actuación y negligente comercialización de determinados productos financieros por las entidades bancarias. Con este texto damos comienzo a una serie de artículos donde intentaremos analizar y reflexionar sobre algunos de los supuestos de mala praxis bancaria que más alarma social han creado entre la opinión pública.

 


DEFINICIÓN.

Bajo el título de mala praxis bancaria se viene haciendo referencia al conjunto de malas prácticas llevadas a cabo por una entidad bancaria en la comercialización de sus productos financieros. Estas malas prácticas son, en principio y como regla general, fruto de la imprudencia y negligencia en el proceder de los operadores bancarios.

Pero, no obstante ese proceder negligente, no resulta del todo claro que además no haya habido, de forma conjunta o alternativa, una actuación dolosa o al menos con mala fe en esa comercialización de determinados productos financieros. Decir esto, que hace un par de años habría sonado descabellado, en la actualidad parece verosímil y tanto es así que actualmente la Audiencia Nacional ha admitido y está investigando diversas querellas presentadas contra los antiguos miembros del Consejo de Administración de BANKIA y sus expresidentes Rodrigo Rato y Miguel Blesa por, entre otros presuntos delitos, los de estafa, apropiación indebida y falsedad contable.

Además de la actuación de las entidades bancarias y los ciudadanos en tanto contratantes, otro actor respecto del que resulta interesante delimitar cual ha sido su papel y cuál es, por omisión, su responsabilidad, son los organismos públicos de supervisión financiera. A saber, especialmente la CNMV y el Banco de España en tanto encargados de velar por el cumplimiento de la normativa financiera y de proteger el interés general de los abusos y malas praxis bancarias.

Así, como caso paradigmático de mala praxis bancaria el de mayor repercusión ha sido la comercialización de participaciones preferentes y swaps, donde se ha vendido de forma generalizada un producto financiero de elevada complejidad y alto riesgo a pequeños ahorradores cuyo perfil conservador y sin experiencia inversora impedía la compraventa de dichos productos, como ha reconocido la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores.

 

CONTEXTO.

Como es evidente, la mala praxis bancaria no es un fenómeno nuevo y reciente: lo que es nuevo es la judicialización y presentación de demandas de forma masiva debido a las decenas de miles sino cientos de miles de afectados. Desde siempre existen casos donde la actuación de las entidades bancarias ha sido negligente y ha perjudicado los intereses de los ciudadanos/consumidores. Pero, bien es cierto que en la actualidad los problemas de liquidez de familias y pequeños ahorradores, enmarcados en el contexto de la crisis económica, han puesto de manifiesto la especial gravedad de éstas actuaciones bancarias negligentes. Y han devuelto a cobrar actualidad normas del siglo pasado, como la Ley de la Usura de 1908, que supuso un intento del legislador para frenar y mitigar los abusos que los prestatarios sufrían a manos de los prestamistas y que, a la vista de los acontecimientos, resulta de plena utilidad en nuestros días.

Además, si bien la mala praxis bancaria es un problema que está siendo denunciado y judicializado en la actualidad, los contratos y productos financieros donde ha habido una actuación bancaria negligente en su adquisición son instrumentos cuya contratación se remonta, en algunos casos, a mucho antes de comenzar la crisis económica. Tal es el caso, por ejemplo, de las participaciones preferentes, que se vienen utilizando al menos desde 1999; o de las cláusulas suelo, igualmente introducidas en los préstamos hipotecarios desde los años 90’. Ello no obstante, bien es cierto que las necesidades de liquidez que atraviesan las entidades bancarias han incrementado exponencialmente la comercialización de éstos productos financieros complejos, así como el uso de otras formas de obtención de liquidez novedosas, en aras de obtener fondos y sanear sus balances contables.

Por tanto, el que las contrataciones hayan tenido lugar en un momento temporal diferente al actual puede tener importantes repercusiones como es, por ejemplo, determinar la ley aplicable en el momento de la firma y, en consecuencia, qué obligaciones y derechos imponía esa ley a entidades bancarias y consumidores. Pues en la actualidad la tendencia tanto a nivel comunitario como español es a aumentar progresivamente la protección de los consumidores y usuarios cuando negocian con entidades bancarias en tanto parte débil con menor información y poder de negociación que los bancos. En este sentido, resulta fundamental la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros 2007, transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico interno en la Ley 47/2007 por la que se modifica la Ley 24/1988 del Mercado de Valores.

Delimitados brevemente los conceptos y situados en el contexto, en los artículos siguientes vamos a analizar supuestos concretos de mala praxis bancaria tales como la venta de participaciones preferentes como plazos fijos; la introducción sin consentimiento de cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios; o la devaluación de las acciones de Bankia como consecuencia del conocimiento de su situación financiera real de quiebra técnica.

 * Por Alberto Aznar Traval, abogado en Pedrós Abogados.

Abr09

La legalización telemática de los libros obligatorios para todo empresario.

Categories // Mercantil y Societario

La legalización telemática de los libros obligatorios para todo empresario.

 

La Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (la que comúnmente conocemos y venimos denominando como, “Ley de Emprendedores”), cuya publicación en el BOE se efectuó el pasado septiembre de 2013, establece que todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las dis­posiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros registros de socios y de acciones nomi­nativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascu­rran 4 meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio.


Esto significa que, en unificación a los libros contables, las actas (de Junta y de Consejo de Administración), deberán legalizarse telemáticamente dentro de los cuatro meses siguientes a que finalice el ejercicio social. Esta obligación acoge, igualmente, respecto de las sociedades unipersonales, a los contratos celebrados por parte del socio/accionista unipersonal.

Respecto a los libros de socios y libro registro de acciones nominativas, deberá realizarse tal legalización en tanto en cuanto en el ejercicio social cerrado, digamos, cerrado, haya habido cambios de socios o accionistas a reflejar en dichos libros.

Las cuestiones prácticas que pueden interesarnos son:


- ¿Qué ocurre si tenemos ya libro de actas legalizado? ¿Se puede seguir utilizando? Sí. No obstante lo anterior, desde el Registro Mercantil de Valencia se recomienda hacer una diligencia de cierre por parte del órgano de administración y empezar a legalizar ya las actas telemáticamente junto con los libros contables; todo ello dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social. Esta recomendación es a efectos de lograr cierta uniformidad. Imaginemos que se acaba el libro de actas a mitad del ejercicio social. Tendríamos las actas del mismo ejercicio legalizadas en soportes distintos pues no hay que olvidar que la legalización ha pasado, obligatoriamente, a ser telemática.


- ¿Podemos seguir teniendo o adquiriendo el típico libro de actas para ir recopilando en él las actas? por supuesto; la única diferencia es que el libro no estará legalizado; ahora estarán las actas; una a una. Evidentemente con este sistema se radican aquellas praxis en las que se dejaban los libros de actas en blanco para, luego, ir añadiendo actas según interesase.

- ¿Cómo se van a legalizar? El procedimiento será sencillo si bien, como todo nuevo procedimiento, requerirá su tiempo de adaptación. Básicamente consistirá, previa descarga del programa denominado "legalia" del Registro Mercantil, en ir introduciendo (por la vía del escaneo) las actas del ejercicio social, digamos, cerrado. Dichas actas se introducirán en el programa anteriormente aludido. Con ello tendremos la legalización efectuada pues el hecho de la legalización se certifica electrónicamente con código de validación.
Debe repararse en al circunstancia de que la Agencia Tributaria y demás organismos oficiales pasarán a requerir las actas legalizadas mediante este sistema (salvo que, a fecha actual se cuente con libro de actas legalizado que, tal y como hemos indicado, podrá seguir usándose hasta agotar su contenido.


Debe resaltarse la circunstancia de que cabe la denominada "legalización voluntaria"; la cual únicamente se llevará a cabo respecto de las actas o grupos de actas de una periodicidad inferior a un año. Es decir, para todos aquellos que declinen usar el sistema de legalización aprobado y, en algún momento, precisen tener las actas legalizadas, el registro mercantil sólo admitirá la legalización de todas aquellas cuya fecha esté comprendida en el año anterior dejando el resto sin legalizar.

Por Sonia Ortega Parra, abogada de Pedrós Abogados.

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