Jun30

Reflexiones en torno a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Categories // Penal

Reflexiones en torno a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

El próximo 1 de julio entra en vigor, junto a la ley que reforma el Código Penal, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley de Seguridad Ciudadana y peyorativamente calificada con el nombre de Ley Mordaza. Esta norma fue aprobada definitivamente por las Cortes Generales el pasado 30 de marzo, en un intenso y agrio debate donde únicamente el partido en el Gobierno, el Partido Popular voto a favor: mientras que la totalidad del resto de partidos de la oposición voto en contra.

De hecho, la polémica, controversia y oposición suscitada durante la tramitación de esta norma ha llegado hasta tal punto que se podría afirmar que se trata de una ley que ya a priori nace muerta, por cuanto la práctica totalidad de los partidos de la oposición – PSOE, Izquierda Plural, PNV, UPyD, ERC y Amaiur, entre otros- ya han manifestado en múltiples ocasiones su voluntad de derogar dicha norma nada más se produzca un cambio de gobierno. Polémica, controversia y oposición que han llamado la atención de otros países de nuestro entorno y han suscitado incluso un editorial del New York Times (Spain’s Ominous Gag Law, La Omniosa Ley Mordaza Española, de 22 de abril de 2015).

Aparte de en la arena política, diversas asociaciones y organizaciones sociales tales como la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía de España, la Confederación Española de Abogados Jóvenes, Amnistía Internacional o Greenpeace han mostrado su preocupación y rechazo a esta norma.

Desde un punto de vista jurídico, se trata de una ley teóricamente concebida –como señala su Exposición de motivos- para incrementar la seguridad de los ciudadanos como garantía de que los y libertades amparados constitucionalmente puedan ser ejercidos libremente en tanto parte esencial del Estado de Derecho.

Así, entre otros ejemplos de conductas sancionadas, esta norma tipifica como falta leve y con hasta 600 € de multa las “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (art. 37.4); como infracción grave y con hasta 30.000 € de multa la “desobediencia a la autoridad” (art. 36.6); y como infracción muy grave y con hasta 600.000 € de multa las manifestaciones “no comunicadas” ante infraestructuras básicas del Estado (art. 35.2).

Pero, para lograr tan magno objetivo esta ley lleva a cabo, sin atisbo de duda, un endurecimiento y elevación de las penas y multas de forma significativa, procediendo a penalizar hechos que antes no tenían ningún tipo de sanción, en unos casos; y agravando las sanciones de hechos que antes tenían consecuencias jurídicas leves, en otros.

Para hacerse una idea y ser consciente de la situación real que esta ley supone, será necesario esperar a su entrada en vigor, siendo sumamente interesante la consideración y aplicación práctica, la forma, el cómo, con que los jueces y tribunales de nuestro país implementan una norma que introduce puntos y sanciones de, a priori, dudosa constitucionalidad.

 

* Alberto Aznar Traval es Letrado de PEDRÓS ABOGADOS.

Jun19

LOS CONTRATOS DE "RENTA ANTIGUA” PARTE II. ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA.

Categories // Publico

LOS CONTRATOS DE
 
 
 
 
Los denominados por la mayor parte de los ciudadanos “contratos de renta antigua” se refieren a los contratos de arrendamiento, tanto de vivienda como de local, regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.
 
Estos contratos protegían sobremanera la figura del arrendatario, de tal modo que, se reconocía una prórroga forzosa del contrato de arrendamiento obligatoria para el arrendador y facultativa para el arrendatario, lo que significaba que dejaban -y siguen dejando-  a plena voluntad del inquilino la vigencia del contrato, posibilitando la perpetuidad del contrato de arrendamiento durante toda la vida del arrendatario.
 
Para más abundamiento se reconocía la figura de la subrogación del cónyuge del arrendatario, por lo que, la vigencia del contrato podía prolongarse hasta el fallecimiento del cónyuge supérstite. Lo que suponía para la figura del propietario arrendador una limitación absoluta a su derecho de uso y disfrute de su propiedad durante la vida del inquilino y su cónyuge. 
 
Con la llegada de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 se suaviza esta situación, tan favorecedora para el arrendatario y limitativa para el arrendador, regulándose este tipo de contratos  en las disposiciones transitorias  segunda, tercera y cuarta.
 
En la disposición transitoria segunda de la LAU de 1994, relativa a los contratos de arrendamiento de vivienda, establece que: A partir de la entrada en vigor de esta ley, la subrogación a que se refiere el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, sólo podrá tener lugar a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento; en defecto de los anteriores, se podrán subrogar los ascendientes del arrendatario que estuviesen a su cargo y conviviesen con él con tres años, como mínimo, de antelación a la fecha de su fallecimiento.
 
El contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100, en cuyo caso se extinguirá a los dos años o en la fecha en que el subrogado cumpla veinticinco años, si ésta fuese posterior.
 
No obstante, si el subrogado fuese el cónyuge y al tiempo de su fallecimiento hubiese hijos del arrendatario que conviviesen con aquél, podrá haber una ulterior subrogación. Limitándose su permanencia, puesto que, el contrato quedará extinguido a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior, o por su fallecimiento si está afectado por la minusvalía mencionada en el párrafo anterior.
 
Puede ocurrir que la subrogación se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de la LAU de 1994, en estos casos sólo se podrá subrogar su cónyuge no separado legalmente o de hecho y, en su defecto, los hijos del arrendatario que habitasen en la vivienda arrendada y hubiesen convivido con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento.  En este supuesto el contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100, en cuyo caso se extinguirá a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior.
 
En los casos que se hayan producido dos subrogaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la LAU de 1994 no se autorizan ulteriores subrogaciones.
 
No obstante, existen causas que dan la posibilidad al arrendador de  impedir la prórroga forzosa a la que se ve obligado legalmente. El artículo 62 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 contempla las situaciones que deben producirse para que el inquilino pierda su derecho a la prórroga  legal del contrato de arrendamiento: 
 
Cuando el arrendador necesite para sí la vivienda o local de negocio o para que los ocupen sus ascendientes o descendientes legítimos o naturales.
 
Cuando el arrendador proyecte el derribo de la finca para edificar otra que cuente, cuando menos, con un tercio más de las viviendas que en aquélla hubiere, y una, como mínimo, si no las hubiere en el edificio que se pretende derribar, respetando al propio tiempo el número de los locales de negocio si en el inmueble a derribar los hubiere.
 
Cuando la vivienda no esté ocupada durante más de seis meses en el curso de un año, o el local de negocio permanezca cerrado por plazo igual, a menos que la desocupación o cierre obedezca a justa causa.
 
Cuando el inquilino ocupe dos o más viviendas en la misma población y el uso de todas ellas no sea indispensable para atender a sus necesidades. 
 
Cuando el inquilino, en un plazo de seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de la demanda hubiese tenido a su libre disposición, como titular de un derecho real de goce o disfrute, una vivienda desocupada y apta para la satisfacción de sus necesidades y de características análogas a la arrendada.
 
* Maite Sancho Campos, abogada en Pedrós Abogados.
Jun19

Y II. El TSJ de Madrid declara la nulidad de un laudo arbitral por su contenido.

Categories // Arbitraje y Procesal

Y II. El TSJ de Madrid declara la nulidad de un laudo arbitral por su contenido.
 
 
 
 
Continuando con el artículo anterior, la Sentencia del TSJ de Madrid que anula un laudo arbitral por su contenido señala los motivos por los que procede dicha nulidad:
 
“En estas circunstancias, la Sala hace ver la necesidad de tener presente que, en este ámbito de enjuiciamiento, no tiene por qué incidir, ni incide, en si el contrato debió ser anulado o no en función de un error esencial de consentimiento: su objeto de análisis es el laudo, cuya motivación contraviene el orden público por arbitraria, ex art. 24.1 CE en el sentido de manifiestamente contraria a reglas legales imperativas; como sucede que, además, esas normas de ius cogens son expresión del principio general de buena fe contractual y este principio, muy señaladamente en este tipo de contratos y con esta clase de contratantes… es cuestión de orden público… (por lo que debe apreciarse) la causa de anulación del art. 41.1 f) de la Ley de Arbitraje”.
 
Llegados a este punto, tras la Sentencia del TSJ de Madrid de 28 de enero de 2015 abogados y jueces se encuentran divididos en dos grupos:
a) Uno mayoritario, que se muestra preocupado ya que un juez anula por primera vez un laudo no por motivos formales sino por su contenido, estableciendo una suerte de segunda instancia o apelación que no esta prevista legalmente para el arbitraje lo que, por tanto, mina las bases de esta forma de resolución de conflictos y pone en peligro los arbitrajes con sede en Madrid, que a partir de ahora quedarían sujetos a apelación ante el TSJ.
b) Uno minoritario, que se muestra defensor de la resolución del TSJ de Madrid, puesto que la acción de anulación está diseñada por el legislador como un instrumento que evita la total emancipación del sistema arbitral respecto de la Jurisdicción y, por tanto, el hecho de que los tribunales ejerzan su función de control es positivo para la credibilidad del arbitraje financiero máxime cuando las normas de orden público deben aplicarse de igual forma en todos los ámbitos de la justicia.
 
De momento es pronto para valorar la situación de forma definitiva, pero lo que no cabe duda es que la Sentencia de 28 de enero de 2015 del TSJ de Madrid sienta un nuevo precedente desconocido hasta el momento: la posibilidad de que la jurisdicción controle el contenido de los laudos arbitrales y los anule por otros motivos que no sean meramente razones formales.
 
El tiempo, las futuras demandas de nulidad que a buen seguro se presenten contra laudos arbitrales por razones de orden público económico y las nuevas resoluciones judiciales que dicten tanto el TSJ de Madrid como de otras provincias aportarán nueva información y datos con que concluir si se trata de una sentencia extraña y ajena o de una sentencia que da comienzo a una nueva línea jurisprudencial.  
 
 
* Alberto Aznar Traval es Letrado de PEDRÓS ABOGADOS.
<<  18 19 20 21 22 [2324 25 26 27  >>