Ene11

ENTREVISTA A ALBERTO AZNAR SOBRE USO DE REDES SOCIALES POR PARTE DE LOS MENORES

Categories // Protección de Datos

ENTREVISTA A ALBERTO AZNAR SOBRE USO DE REDES SOCIALES POR PARTE DE LOS MENORES

 

Nuestro letrado Alberto Aznar ha estado en los estudios de Onda Cero Valencia para hablar en el programa @ValenciaOnda sobre el uso de las redes sociales por parte de los menores y hasta donde deben vigilar los padres las comunicaciones de sus hijos.

Para @albertoat87 "hay que mantener el equilibrio y valorar la madurez del menor. Si los padres consideran que su hijo corre cierto riesgo, en principio pueden vigilarle. Nunca un juez ha sancionado a unos padres por esa labor. La sanción puede ser más de pérdida de confianza en la relación entre padres e hijos".

 

http://www.ivoox.com/alberto-aznar-rrss-padres-e-hijos-audios-mp3_rf_10056400_1.html

Dic29

SI ES PROPIETARIO DE SUELO DOTACIONAL PUEDE FORZAR UNA EXPROPIACIÓN, POR ANA RIERA

Categories // Publico

SI ES PROPIETARIO DE SUELO DOTACIONAL PUEDE FORZAR UNA EXPROPIACIÓN, POR ANA RIERA

 

 

SI ES PROPIETARIO DE SUELO DOTACIONAL

PUEDE FORZAR UNA EXPROPIACIÓN

 

La expropiación, es una figura del derecho público mediante la cual se faculta una transmisión de la propiedad privada desde su titular a un ente de la Administración Pública dotado de patrimonio propio, a cambio, generalmente, de una indemnización. Como notas características destacaríamos el hecho de que se trata de una transmisión de la propiedad de carácter coactivo y el hecho de que el administrado tiene el derecho de recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del bien expropiado.

Cuando hablamos de expropiaciones deben de concurrir una serie de elementos consustanciales, que si no se cumplen, pueden conllevar la nulidad del proceso. Dichos elementos, que buscan evitar que la administración haga uso de sus facultades más allá de lo previsto, son:

  • La declaración de utilidad pública o interés social.
  • El justiprecio.
  • Y, el derecho de reversión.

A mayor abundamiento, debemos de tener claro que cualquier activo patrimonial puede ser expropiado por la Administración, sirviendo los conceptos de utilidad pública e interés social que consagra el artículo 33.3 de nuestra Constitución, incluso como base de motivación de actos imposibles. Con ello me refiero a que decir que hay interés público, en sí mismo es un concepto hueco que hay que llenar, por lo que los organismos públicos deben de concretar en qué consistirá. Pero ahí es donde entra el tantas veces vapuleado principio de autonomía local, que incorrectamente interpretado por muchos políticos,  es considerado como una “Patente de Corso” que permite que las potestades de la Administración se maximicen.

Los Ayuntamientos, dentro de ese afán expropiatorio, llegaron incluso a reservar dentro de un Plan General numerosos terrenos para dedicarlos a la construcción de edificios públicos, viarios, parques, jardines, etc. El suelo destinado por los Planes Generales a usos públicos es denominado legalmente suelo dotacional o suelo de redes públicas. Lo que pasa es que en tiempos de bonanza económica no hubo problema en que los Ayuntamientos procedieran a la expropiación de esos terrenos, pero en la actualidad nos encontramos con numerosos propietarios de suelos dotacionales, ubicados muchas veces dentro de una población, cuyas propiedades se quedan “congeladas” porque ni las pueden usar ni se les paga el correspondiente justiprecio por su expropiación.

Debe de quedar claro que los Ayuntamientos están obligados a expropiar estas parcelas en un plazo máximo desde que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana o instrumento que las califica como suelo urbano consolidado con uso dotacional. Los plazos varían según de la Comunidad Autónoma que se trate, así, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, conforme a nuestra Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, es cuando transcurran cinco años desde la entrada en vigor del plan sin que se lleve a efecto la expropiación de terrenos dotacionales que no hayan de ser objeto de cesión obligatoria, cuando los propietarios podrán anunciar al ayuntamiento su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que debe llevarse a cabo por ministerio de la ley si transcurren otros dos años desde dicho anuncio.

Los consistorios, hacedores de lo que podían y de lo que querían en aquellos tiempos, se encuentran con que a fecha presente no hay cobertura presupuestaria suficiente para abonar los justiprecios que fija el Jurado Provincial de Expropiación, lo que conlleva demoras que incrementan las indemnizaciones por los intereses que se van generando.

Como ejemplo que sirve de patrón podemos citar el del denominado Casino Americano de Valencia, también conocido como el Saudí Park, ubicado entre la avenida Burjassot y la ronda norte, el cual fue construido en 1869 por encargo de Joaquín Megía, un militar de origen granadino destinado en Cuba cuya familia hizo fortuna con el negocio de la caña de azúcar. La expropiación de dicho edificio se planteó en el PGOU de 1988 para ampliar el parque de Benicalap, pero el tiempo pasaba y el entonces dueño tuvo que exigir que el Ayuntamiento incautase el edificio. El Jurado Provincial de Expropiación fijó en 2.274.584 euros el justiprecio en 2008, aunque la demora del consistorio incrementó en 1.200.000 euros el precio fijado. Así, en 2012 el Ayuntamiento tuvo que pagar 3.500.000 euros por el mismo.

            Por otro lado, nos encontramos con múltiples ejemplos de expropiaciones en la provincia de L’Horta de València cuyos consistorios valoraron a la baja pero que tras la lucha de los propietarios se han cifrado conforme a ley, como es la del Parque de Cabecera de Valencia cuya ejecución se ha visto afectada por varias retasaciones, o la de la Sociedad Valenciana de Caza y Tiro en Almàssera, a la que el Ayuntamiento de esta localidad expropió sin acuerdo y en la que tras una sonada condena del Tribunal Supremo acabó pagando a la asociación 7.200.000 euros.

En cualquier caso, los propietarios afectados deben de ser conscientes que el compromiso municipal de llevar a cabo una expropiación nace desde el mismo momento en que el Ayuntamiento tenía la obligación de hacerlo, no pudiendo con posterioridad, aprovecharse este último de una revisión del plan para devolver a las fincas otros usos. El Ayuntamiento de Alzira incluyó en su PGOU de 1985 una superficie de 150.000 metros cuadrados del Hort de Redal como zona verde con compromiso de expropiar, queriendo a posteriori devolver a la finca la condición de suelo de especial protección agrícola, lo que provocó que los titulares de ese huerto de naranjos acudieran al Jurado Provincial de Expropiación, quien reconoció su derecho y fijó la indemnización en 12,5 millones de euros.

 

 

 

Dic11

¿POR QUÉ NECESITA CUALQUIER EMPRESA UN PLAN DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y UN CÓDIGO DE ÉTICA CORPORATIVA?

Categories // Penal

POR PEDRÓS ABOGADOS

¿POR QUÉ NECESITA CUALQUIER EMPRESA UN PLAN DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y UN CÓDIGO DE ÉTICA      CORPORATIVA?

 

¿Por qué necesita cualquier empresa un Plan de Prevención del Delito y un Código de Ética Corporativa?.

 

Ésta es la cuestión esencial que muchos clientes y socios empresarios nos están planteando una y otra vez desde que a partir del año 2010 la ley permitiese que la empresa fuese responsable penal por la comisión de un delito, y desde que el pasado 1 de julio entrara en vigor la reforma del Código Penal que establece la "obligación" de las empresas de disponer y aplicar un ‘plan de prevención de delitos’ si quieren quedar exentas o reducir su posible responsabilidad criminal.

 

En la doctrina tradicional, y así lo establecían las leyes y lo aplicaban los jueces, las empresas no podían ser culpables de delitos pero, desde 2010, la aprobación por el Parlamento de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal introdujo expresamente la posibilidad de que las personas jurídicas fuesen responsables criminalmente de los delitos cometidos en su nombre o en su beneficio, ya fuesen realizados por sus representantes, administradores de hecho o de derecho o sus trabajadores.

 

Ante esta problemática, la nueva reforma del Código Penal introduce en el artículo 31 bis y siguientes la posibilidad de que las empresas queden exentas y no sean responsables de responsabilidad penal si, en caso de comisión de un delito por uno de sus administradores o trabajadores, hubiesen adoptado y aplicado un modelo de prevención del delito.

 

La ley señala literalmente que: “La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”.

 

En consecuencia, cualquier empresa necesita disponer e implementar un Plan de Prevención del Delito para, en caso de que alguno de sus trabajadores o administradores haya cometido un hecho criminal:

 

1º- Poder alegar judicialmente y quedar exentas o reducir su responsabilidad penal en el caso de que un trabajador o administrador haya cometido un delito en nombre o por cuenta de la empresa.

 

2º- No recibir, en consecuencia, sanciones penales, evitando sufrir  desde la multa hasta la disolución de la empresa, pasando por otro tipo de penas como la suspensión de sus actividades, clausura de locales, inhabilitación para concursos públicos o intervención judicial.

 

3º- Reducir y defenderse del impacto negativo y perjudicial que, en términos no judiciales sino de reputación y daño a la marca pueda tener el hecho criminal, al haber intentado prevenir la comisión de delitos.

 

Conjuntamente a lo anterior, y como un paso más no solo en la prevención del delito sino en el cumplimiento de los más altos estándares de comportamiento ético y responsabilidad social de la empresa, es aconsejable para cualquier empresa disponer e implementar un Código de Ética Corporativa.

La necesidad de actuar de forma ética surge de que si bien existen conductas y patrones empresariales que no son, en el momento actual, delitos ni infracciones de la ley, estas conductas y patrones sí pueden tener e implicar un efecto directo y negativo en el funcionamiento de la empresa y su reputación.

Es en este campo de cumplir con unos estándares superiores a los mínimos legales donde la implementación de un Código de Ética Corporativa sirve para, en caso de que la empresa se vea afectada por algún tipo de irregularidad, poder:

 

1º- Alegar ante los tribunales y acusaciones que la empresa dispone y aplica no solo un plan de prevención del delito en estricto cumplimiento de la ley y sus obligaciones, sino que más allá de eso la empresa dispone y aplica un código de buen gobierno corporativo.

 

2º- Reducir y minorar el posible impacto negativo, dañino y el riesgo que para la reputación de una empresa puede suponer que haya ocurrido un hecho polémico, accidente, negligencia o similar.

 

3º- Defenderse de las acusaciones de competidores, administraciones públicas y consumidores, demostrando que se trata de una empresa que toma muy en serio y cumple sus obligaciones con un comportamiento ético empresarial.

 

Con estos dos protocolos, el Plan y el Código, hemos diseñado un exhaustivo y completo sistema en interés de la empresa cuyo objetivo es reducir y eliminar la posible responsabilidad penal y mejorar y desarrollar su ética corporativa como formas de lograr una mayor productividad y una responsabilidad social corporativa real y efectiva. 

 

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