Mar15

¿ABARATA EL TS EL DESPIDO? POR SANTIAGO CALVO

Categories // Laboral

¿ABARATA EL TS EL DESPIDO? POR SANTIAGO CALVO

Artículo de Santiago Calvo, letrado de Pedrós Abogados

 

El Tribunal Supremo, Sala de lo Social, ha dictado Sentencia Nº: 118/2016 de Fecha 18/02/2016, en el recurso Núm. UNIFICACIÓN DOCTRINA 3257/2014, por la que viene  a aclarar la forma de realizar el computo de los días de indemnización máximos consecuencia de un despido improcedente, a partir de la aplicación e interpretación de la DA 5ª de la Ley 3/2012 de 6 de julio.

La Disposición Transitoria 5ª de la Ley 3/2012, de 6 de julio dispone que: "La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los períodos de tiempo inferiores a un año.

Hasta aquí los conceptos son claros.

Continuamos.

El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso”.

Es aquí cuando la Sentencia del TS citada dice que: No es fácil determinar el exacto alcance que posea esta norma intertemporal, dirigida a dulcificar la rebaja de la cuantía indemnizatoria que la Ley 3/2012 llevó a cabo (de 45 a 33 días por año; de 42 a 24 mensualidades como máximo).

En la STS 29 septiembre 2014 (rec. 3065/2013), el TS realizo una primera aproximación al tema, conforme a la cual si el día 12 de febrero de 2012 se hubieran superado los 720 días indemnizatorios (aplicando el módulo de 45 días por año) sería posible seguir devengando indemnizaciones (a razón de 33 días por año) hasta alcanzar el módulo de las 42 mensualidades.

Posteriormente, al resolver el recurso 1624/2014, en la STS de 2 de febrero de 2016 se advierte, citando la propia sentencia, que: el importe indemnizatorio por el período de servicios anterior al 12 de febrero de 2012 no puede ser superior a cuarenta y dos mensualidades en ningún caso, con independencia de que posteriormente se hayan prestado servicios.

 

Lo cual tampoco viene a contradecir a la Sentencia de 29 de septiembre de 2014.

Pero a continuación, viene a precisar el alcance que considera adecuado respecto la citada Disposición Transitoria. Literal.

“a) La Disposición Transitoria solo se aplica a los supuestos en que el contrato se ha celebrado con anterioridad a 12 de febrero de 2012; […]

 

b) Cuando, por aplicación de este precepto, se toman en cuenta periodos de servicio anteriores y posteriores al 12 de febrero de 2012 “el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario”.

 

c) De manera excepcional, este tope de 720 días de salario puede obviarse si por el periodo anterior a 12 de febrero de 2012 ya se ha devengado una cuantía superior.

 

d) En sentido contrario, la norma implica que si por el periodo de prestación de servicios anterior a 12 de febrero de 2012 no se ha sobrepasado el tope de 720 días tampoco puede saltarse como consecuencia de la posterior actividad.

 

e) Si los 720 días indemnizatorios se superan atendiendo a los servicios prestados antes de 12 de febrero de 2012 hay que aplicar un segundo tope: el correspondiente a lo devengado en esa fecha. A su vez, esta cuantía no puede superar las 42 mensualidades.

 

f) Quienes a 12 de febrero de 2012 no habían alcanzado los 720 días indemnizatorios (con el módulo de 45 días por año) siguen devengando indemnización por el periodo posterior (con el módulo de 33 días). El referido tope de los 720 opera para el importe global derivado de ambos periodos.

 

g) El cálculo de cada uno de los dos periodos es autónomo y se realiza tomando en cuenta los años de servicio, “prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año” en los dos supuestos.”

 

Es decir:

Limite 1 o regla general: tenemos el de los 720 de días salario como límite de la indemnización por los periodos de servicios anteriores y posteriores al 12 de febrero de 2012.

Limite 2 excepción 1: limite que supera los 720 días de salario como límite de la indemnización generados durante el periodo anterior al 12 de febrero de 2012, siendo el resultado el límite máximo, con lo que no se generara más indemnización.

Limite 3 o excepción 2: el de las 42 mensualidades por los periodos generados antes del 12 de febrero de 2012.

Esto, lejos de aclarar conceptos plantea si caben más dudas, las cuales imaginamos que serán resueltas en próximos pronunciamientos.

Por tanto, y citando al profesor Ignasi Beltran, http://ignasibeltran.com/2016/03/14/sts-18216-indemnizacion-por-despido-improcedente-y-dt-5a-ley-312-jurisprudencia-unificada/

no puede afirmarse que nos encontremos ante una doctrina unificada (y pacífica). Desde esta perspectiva, comparto la valoración del Profesor Eduardo Rojo cuando afirma que no puede descartarse una pronta intervención del Tribunal Supremo en Sala General dictaminando cómo debe interpretarse la DT 5ª de la Ley 3/2012 (hoy DT 11ª ET).”

 

 

Mar10

PRIMERA CONDENA PENAL DEL TS A UNA EMPRESA

Categories // Penal

PRIMERA CONDENA PENAL DEL TS A UNA EMPRESA

El Tribunal Supremo dicta la primera condena penal a una empresa: multa de 775 millones de €.

La reforma del Código Penal en el año 2010 por la cual se introdujo, por primera vez en España, la posibilidad de que las empresas puedan ser penalmente responsables ya está siendo aplicada de forma plena y con total contundencia por nuestros tribunales.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 154/2016 de 29 de febrero, además de apreciar la responsabilidad penal de diversas personas físicas, ha apreciado las condenas impuestas a tres personas jurídicas en lo que constituye, por primera vez en nuestro país, la obligación judicial a una empresa de responder penalmente.

La Sentencia del Tribunal Supremo viene a ratificar la responsabilidad penal que también apreció la Audiencia Nacional en una Sentencia precedente, al entender sus argumentos como correctos. Por tanto, vemos como varios de nuestros tribunales están ya no solo aplicando, sino condenando, a aquellas empresas que hayan podido participar o dar cobertura a la comisión de hechos delictivos o irregulares en su seno o por personas de dicha empresa dependientes.

Esta condena penal se ha concretado en una multa de 775 millones de € a la empresa puesto que, como señala el Tribunal Supremo, se trata de un delito cometido por un administrador en una empresa que, a mayor abundamiento, incumplió su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos.

En tal sentido, la Sentencia señala literalmente que:

"Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos"

En consecuencia, vemos como en el caso enjuiciado concurre, por una parte, la comisión de un delito en el seno de la empresa y, por otra parte, que dicha empresa no había adoptado un sistema de prevención y supervisión del delito o compliance penal.

Por tanto, cuando el Tribunal Supremo apreció la comisión de un delito, debido a que la empresa no había adoptado medidas de vigilancia y supervisión de comisión de delitos no fue posible hacer valer ni la eximente de responsabilidad penal ni la atenuante que en tal sentido prevé el Código penal desde su reforma de julio de 2015.

En paralelo, diferentes juristas están sugiriendo la aplicación de esta nueva normativa para determinar la responsabilidad penal de administradores y empresas en aquellos casos de gigantes como la entidad Bankia o la empresa Abengoa que se encuentran en una situación económica extremadamente complicada.

Mientras se produce la aplicación por otros tribunales y a la espera de nuevas resoluciones judiciales, nuestro Alto Tribunal se suma, con su Sentencia nº 154/2016, a las exigencias de total ejemplaridad y máxima ética que se están aplicando tanto a nivel del sector público como de las empresas privadas, en lo que constituye un nuevo precedente jurisprudencial que, a buen seguro, no será el último.

* Alberto Aznar Traval es Letrado de PEDRÓS ABOGADOS.

 

Adjuntamos enlace a la sentencia:

https://www.dropbox.com/home?preview=sentencia+penal.docx

 

Feb19

BANKIA INTENTA VOLVER A ENGAÑAR A SUS CLIENTES

Categories // Bancario

BANKIA INTENTA VOLVER A ENGAÑAR A SUS CLIENTES

Bankia intenta volver a engañar a sus clientes.

La entidad Bankia, S.A., ha publicado un comunicado por el que ofrece a todos aquellos propietarios de sus acciones el recuperar de forma automática –sin acudir a juicio- sus ahorros invertidos en la salida a bolsa de julio de 2011 más un 1% de interés de esa cantidad.

Esto supone un reconocimiento tácito de la mala praxis y falta de información con que la entidad salió a bolsa en julio de 2011, ante la enorme expectación y elevadas esperanzadas depositadas en la entidad por decenas de miles de pequeños ahorradores y clientes.

Juzgados y Tribunales de todo el país han condenado una y otra vez, en la práctica totalidad de casos, a Bankia por incumplimiento de sus deberes y mala praxis comercial y financiera.

Particularmente demoledora ha sido la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero del corriente año, que literalmente dice:

“La incorrección, inveracidad, inexactitud o los errores contables sobre esos datos publicitados en el folleto, lleva a concluir que la información económica financiera contable divulgada al público suscriptor, resultó inexacta e incorrecta en aspectos relevantes, primordiales y sustanciales como son los beneficios y las pérdidas de la sociedad emisora…”. Texto literalmente incorporado de la Sentencia dictada en su día por la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia.

Estas Sentencias, aparte de obligar a Bankia a devolver al cliente sus ahorros, condenaban a la entidad en dos sentidos más: a pagar el interés legal del dinero junto a los intereses de demora, y a pagar las costas legales de abogado y procurador del cliente que reclamaba. Aparte, claro está, del gasto que para Bankia supone pagar sus propios abogados y procuradores.

Es fácil –y asusta- pensar la factura que ha tenido que pagar Bankia solo en abogados y procuradores de sus clientes, que algunas estimaciones no oficiales valoran en torno a 500 millones de euros si todos los particulares afectados reclamaban judicialmente. Y que no olvidemos que ha sido financiada con dinero de todos los españoles, en razón del rescate financiero que tuvo que realizarse de la entidad por parte del Estado.

A esta cantidad, además, hay que sumar toda una serie de condenas y gastos extra que le han sido impuestas a Bankia por, estando condenada, no cumplir esas sentencias al no devolver sus ahorros a los clientes, obligándoles a presentar demandas de ejecución para ver respetados sus derechos.

Conjuntamente a esto, la mala praxis y engaño de aquella operación en que incurrió la antigua cúpula de Bankia (con D. Rodrigo Rato a la cabeza) ha sido continuada por la actual directiva, que desde al menos un año se ha negado una y otra vez, tanto extrajudicial como judicialmente, a reconocer el engaño a pesar de todos los indicios, pruebas e informes periciales en tal sentido.

Esta continuación del engaño por los actuales gestores de Bankia ha ocasionado que, aparte de la pérdida de sus ahorros por los propios clientes que compraron acciones en su salida a bolsa, la mala praxis de Bankia haya costado al contribuyente español al menos una cantidad de 1.545 millones de euros en provisiones y fondos que la entidad destino para hacer frente a las reclamaciones. Esta cantidad se deriva del 60% de los 1.840 millones de euros que se decretó son responsabilidad del FROB por reclamaciones contra Bankia.

Es decir: Bankia, con el dinero del rescate público obtenido de las arcas del estado pagado por todos los españoles, ha financiado, negado y dilatado todo tipo de reclamaciones de pequeños ahorradores que querían recuperar su dinero.

Sería pertinente exigir responsabilidades por esta situación a los actuales directivos de Bankia, que han gastado y siguen gastando decenas de millones de euros del contribuyente en negar una evidencia que se ha impuesto.

Pero es que, además, el proceder desleal de la entidad continúa. De hecho, el ofrecimiento que Bankia hace es un ofrecimiento con trampa por cuanto afirma que va a devolver a los ahorradores su dinero invertido con un 1% de interés cuando, en realidad, les corresponde, como mínimo, el interés legal del dinero: un 4% anual.

Así, un ahorrador que haya invertido 6.000 € en acciones puede perder si, en vez de restituirle su dinero con un 4% como es su derecho, acepta el 1% de interés que ofrece la entidad, en torno a 1.000 € que por derecho le corresponden.

Los actuales gestores, presentan ahora, como una magnífica oportunidad, con evidente descaro (que ampara el Ministro de Economía) una solución al problema, que les beneficia más a ellos que a los perjudicados y a la que se ven obligados (no lo hacen voluntariamente) por la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo.

Señores, más de lo mismo. ¿Creerán que los ciudadanos somos tontos?

Bankia reconoce su engaño poco, tarde y mal y, además, continua actuando de forma desleal con sus clientes en particular y con los ciudadanos en general.

 

PEDRÓS ABOGADOS.

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